Pacto de PSOE y PP para reformar en 2011 la Constitución limitando el déficit dejando las cifras para otra ley. El déficit de cada comunidad autónoma no podrá superar el 0,14 por ciento de su producto interior bruto

Como deseaba Rubalcaba, el límite, del 0,4%, estará en una ley orgánica y no en la Carta magna. Sí habrá mención a que el déficit no supere lo establecido por la UE.

2011-08-26 Libertad digital

El PSOE y el PP han cerrado esta madrugada el acuerdo para reformar la Constitución y establecer una disciplina de equilibrio presupuestario de las administraciones públicas, al mismo tiempo que han pactado un documento marco para una futura ley orgánica, que fijará en un 0,4 por ciento el déficit estructural global máximo del conjunto de las administraciones públicas.

Después de intensas negociaciones mantenidas en los dos últimos días, especialmente durante este jueves, el acuerdo ha fraguado entre PSOE y PP, aunque por el momento no ha sido posible sumar a otras fuerzas parlamentarias, han informado a Efe fuentes socialistas.

Con este consenso, el techo de déficit y deuda se saca fuera de la reforma de la Carta Magna, que, según la redacción pactada, no recoge ninguna cifra a este respecto, tal y como pretendía el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Las concreciones se dejan para la ley orgánica que tendrá que ser aprobada antes del 30 de junio de 2012, que fijará en un 0,4 por ciento el déficit estructural global máximo del conjunto de las administraciones públicas a partir de 2020.

Se distribuiría del siguiente modo: el déficit estructural en que podrá incurrir el Estado no superará el 0,26 por ciento del producto interior bruto nacional, en tanto que el déficit estructural en que podrá incurrir cada comunidad autónoma no podrá superar el 0,14 por ciento de su producto interior bruto. Mientras, las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

Mediante la nueva ley, según el acuerdo alcanzado, se fijarán los criterios para la reducción progresiva del nivel de deuda, de acuerdo con el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con el fin de alcanzar en 2020 el límite contemplado en el artículo 135.

Los límites referidos al déficit estructural, así como la senda para la consecución del objetivo de deuda en 2020, podrán ser objeto de revisión en 2015 y en 2018, a iniciativa de cualquiera de las partes que suscriben este acuerdo.

Se entenderá por saldo estructural aquel que se deriva de no considerar los ingresos y gastos públicos relacionados con las expansiones y recesiones normales de los ciclos económicos, garantizando así la sostenibilidad a largo plazo de los servicios públicos fundamentales.

Respecto a la reforma de la Constitución, debe llegar este viernes al registro del Congreso para poder poner en marcha los mecanismos de su tramitación y que durante la próxima semana haya tiempo de aprobarla con carácter de urgencia y por la vía de lectura única.

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Tras las voces críticas surgidas en el PSOE por este tema, Rubalcaba decidió el miércoles tomar las riendas de la negociación con el PP y el jueves propuso una fórmula para que en la reforma se hable de disciplina de gasto, pero sin incluir cifras de límite de déficit, que se fijarían en una ley orgánica posterior.

Fuentes del PP han reiterado a Efe su disposición para llegar a un entendimiento, "aunque sea sin incluir una cifra". Las mismas fuentes han recordado que quien había planteado una cifra para incluirla en la Carta Magna era el Gobierno, no el PP, por lo que han emplazado a Rubalcaba a ponerse de acuerdo con el Ejecutivo en este sentido. De hecho, el PP sostiene que las negociaciones las llevan directamente el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy.

Rubalcaba se impone

Fuentes de la dirección del PSOE indicaron a Efe que Alfredo Pérez Rubalcaba habría trasladado su propuesta al grupo socialista, que está en pleno debate de la reforma constitucional, y que ésta pasa porque no se incluya cifra alguna en el límite al déficit público.

La idea del candidato es que ese punto se desarrolle posteriormente en una ley orgánica. Así, Rubalcaba pretende asegurarse de que "la letra pequeña" de la reforma constitucional garantice una flexibilidad suficiente como para que el gobierno de turno tenga margen de maniobra ante hipotéticas situaciones de emergencia, en las que podría ser necesario, alega, no mantener un déficit cero.

La flexibilidad predicada por Rubalcaba llegaría al punto de que no figure cifra alguna, lo que deja en la práctica sin contenido al límite constitucional. A cambio, el candidato podría conseguir aplacar la rebelión interna desatada en el PSOE por la oposición de amplios sectores del partido a la medida.

El candidato también aspira a que esta reforma no se pacte sólo con el PP, sino que se amplíe al mayor número de fuerzas parlamentarias posibles, con CiU a la cabeza. Las negociaciones se están celebrando contrarreloj porque es necesario que el acuerdo esté listo en pocas horas para que pueda ser aprobado antes de las generales.

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El documento pactado afecta a un solo artículo, el 135

2011-08-26 Libertad digital

Queda redactado como sigue el artículo 135:

-1. Todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

-2. El Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus estados miembros.

Una ley orgánica será la que fije el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las comunidades autónomas en relación con su producto interior bruto, mientras que las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

-3. El Estado y las comunidades habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito.

Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta.

Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.

El volumen de deuda pública del conjunto de las administraciones públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

-4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

-5. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las administraciones públicas en materia de política fiscal y financiera.

En todo caso, regulará la distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas administraciones públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.

Igualmente, regulará la metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural y la responsabilidad de cada administración en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

-6. Las comunidades autónomas, de acuerdo con sus respectivos estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.

En una disposición adicional única se establece que la futura ley orgánica deberá estar aprobada antes de 30 de junio de 2012 y deberá contemplar los mecanismos que permitan el cumplimiento del límite de deuda a que se refiere el artículo 135.3.

Los límites de déficit estructural establecidos en el 135.2 de la Constitución Española entrarán en vigor a partir de 2020.

Consideran los proponentes de esta reforma que la actual situación económica y financiera, marcada por una profunda y prolongada crisis, "no ha hecho sino reforzar la conveniencia de llevar el principio de referencia" a la Constitución, al objeto de fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española a medio y largo plazo.

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El Gobierno lanza una reforma constitucional, laboral y fiscal en plena compra de bonos por parte del BCE. Actuó horas después de la intervención de Trichet.

LD 2011-08-25 Libre mercado

La historia se repite. En mayo de 2010 el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se vio obligado, en contra de su voluntad y de sus principios ideológicos, a presentar un histórico paquete de recortes presupuestarios (congelación de pensiones y rebaja salarial a los funcionarios, entre otras medidas) con carácter de urgencia ante el Congreso para tratar de evitar la bancarrota de España.

Este mes de agosto acaba de acontecer algo muy similar. El Banco Central Europeo (BCE) intervino en el mercado de deuda pública de España e Italia hace ahora algo más de dos semanas para tratar de rebajar la disparada prima de riesgo que presentaban ambos países. Desde entonces, el organismo monetario ha adquirido unos 36.000 millones de euros en bonos periféricos, aunque se desconocen por el momento las cuantías exactas correspondientes a España e Italia.

Tras la primera adquisición, la prensa italiana filtró una carta enviada por el BCE al Gobierno de Berlusconi en la que imponía determinadas condiciones. Días después, Roma aprobó un plan de ajuste para tratar de reequilibrar sus cuentas públicas en línea con lo estipulado desde Bruselas.

El Gobierno español, sin embargo, echa balones fuera ante las reiteradas preguntas de los medios acerca de una supuesta carta remitida igualmente desde el BCE. De hecho, la ministra de Economía, Elena Salgado, insiste en que las últimas medidas económicas propuestas con urgencia desde Moncloa no responden a ningún mandato externo sino a una decisión "autónoma". Pero los hechos no concuerdan con tales declaraciones.

Reforma constitucional

En primer lugar, Zapatero propuso este martes, 23.08.2011, por sorpresa, reformar la Constitución para limitar el déficit público y la deuda a partir de 2018 ó 2020. Esta medida ha sido reiteradamente rechazada por el PSOE... Hasta ahora. ¿A qué responde dicho cambio? El Gobierno comenzó a plantearse la posibilidad de reformar la Constitución en la segunda semana de agosto, horas después de que el BCE anunciase la compra de bonos españoles.

La reunión del BCE en la que se trató este tema tuvo lugar el 7 de agosto, y el día 10 -miércoles- Salgado solicitó un informe jurídico a sus asesores paras saber si la modificación constitucional para limitar el déficit era posible y, en concreto, de qué modo podía llevarse a efecto, según informa este jueves El Mundo. Lo que más llama la atención es la celeridad con la que se tomó esta decisión, que carece de precedentes.

A la semana siguiente, el presidente galo, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel, celebraron una reunión bilateral en la que instaban explícitamente a los 17 socios miembros de la zona euro a introducir límites constitucionales al déficit antes de mediados de 2012. España ha sido el primer país en recoger tal iniciativa, que ya fue instaurada por Alemania en 2009. En estos últimos días, Zapatero aceleró los contactos políticos para poner en marcha tal reforma, alegando ante la cúpula del PSOE que "es la medida menos dura de las que se podía tomar".

Moderación salarial

Asimismo, Zapatero se reunió el pasado 17 de agosto en el Palacio de La Moncloa con los máximos dirigentes de CC.OO., UGT y CEOE, Ignacio Fernández Toxo, Cándido Méndez y Juan Rosell, para abordar la situación económica y pedirles un nuevo esfuerzo de moderación salarial, según han confirmado a Europa Press fuentes de la negociación. Lo sorprendente, una vez más, es que tal reunión se desarrolló en secreto, según informa El País.

Pero más allá de lo que comentaron durante este encuentro, lo cierto es que la respuesta sindical no se hizo esperar y al día siguiente los dirigentes de CCOO y UGT hicieron pública una carta que habían enviado a Zapatero y que puede interpretarse como la respuesta de ambas organizaciones a las peticiones del presidente.

En aquella carta, Toxo y Méndez le expresaban su preocupación por la gravedad de la situación económica y realizaban una serie de propuestas dirigidas a dinamizar la actividad. Entre dichas propuestas, los dirigentes sindicales se mostraban dispuestos a seguir apoyando la moderación salarial más allá de 2012 -hasta 2014- a cambio de desbloquear los convenios colectivos y de un compromiso firme de las empresas para contener sus beneficios empresariales y para invertir sus excedentes en la mejora del tejido productivo.

El acuerdo de negociación colectiva firmado entre sindicatos y patronal para el periodo 2010-2012 contempla un incremento salarial del 1% para 2010, de entre el 1% y el 2% para 2011 y de entre el 1,5% y el 2,5% para 2012.

Reforma laboral

También en agosto se ha gestado una nueva reforma laboral por la puerta de atrás que, en gran medida, tumba algunos de los preceptos establecidos en la anterior reforma. Así, por ejemplo, Trabajo suspenderá durante dos años el actual límite para encadenar contratos temporales y derogar el actual contrato de formación, implantando uno nuevo, denominado contrato de formación y aprendizaje que, muy al estilo alemán, permitirá a los jóvenes sin cualificación combinar trabajo y formación, cobrando para ello un salario que, proporcionalmente a la jornada laboral desempeñada, no podrá ser inferior en ningún caso al salario mínimo interprofesional (SMI).

Además, estos nuevos contratos de formación en su mayoría estarán exentos de cotizar a la Seguridad Social hasta el 31 de diciembre de 2013. Estos parches laborales serán aprobados este viernes en Consejo de Ministros.

Nuevo ajuste fiscal

Por último, y al igual que ha acontecido en Italia, el Gobierno se plantea seriamente subir los impuestos a las rentas altas, una medida descartada hasta hace apenas unas semanas. Así, más allá de la hipoteca fiscal impuesta a las grandes empresas el pasado viernes, el recorte del gasto farmacéutico o la reducción del IVA al 4% para la compra de vivienda nueva, medidas todas ellas aprobadas igualmente por vía de urgencia mediante un Real-Decreto, Economía podría otorgar luz verde este mismo viernes a un nuevo aumento tributario.

En definitiva, las prisas y los bandazos ofrecidos por el Gobierno estas últimas semanas para poner en marcha nuevas medidas económicas coinciden con la intervención del BCE en el mercado de deuda nacional, lo cual implica un rescate encubierto. ¿Casualidad?

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Borrell no entiende el "cambio de opinión" del Gobierno

LD, miércoles, 2011-08-24 Libre Mercado

El socialista Josep Borrell se ha mostrado este miércoles, 2011-08-24, en Santander en contra de la reforma de la Constitución pactada por el Gobierno de España y el PP para limitar el déficit y ha reconocido estar "muy sorprendido" con el cambio de opinión del Ejecutivo nacional y su "defensa apresurada" de la medida, informa Europa Press.

"Hasta antes de ayer había oído en boca del presidente del Gobierno y del candidato socialista un rechazo bastante rotundo a esa medida", ha apuntado Borrell en una rueda de prensa ofrecida con motivo de su participación en el curso 'Europa y la gobernanza global' que se imparte en el marco de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Borrell, ex ministro del PSOE y ex presidente del Parlamento Europeo, ha afirmado que si actualmente fuera diputado "no votaría a favor" de la reforma constitucional porque, a su juicio, "no se puede votar una medida de esa naturaleza deprisa y corriendo".

Sobre el cambio de postura del Gobierno de España frente a este reforma, el socialista, actual presidente del Instituto Universitario Europeo de Florencia, ha señalado que "alguna razón tiene que haber" para que el Ejecutivo haya convertido todas sus declaraciones en contra de la reforma y las críticas al líder de la oposición, Mariano Rajoy, en una "defensa apresurada" de la medida.

"Como ha dicho en alguna ocasión Zapatero, yo creo que no estamos tan mal como para tener que recurrir a este tipo de tranquilizantes para los mercados", ha apuntado.

Un "sacrificio" que no comparte

Borrell ha explicado que "no es partidario de este tipo de cosas" porque cree que la Constitución "es un marco para la acción", que define objetivos y principios, y que, a su juicio, "no debería de dictar el uso de la política económica".

En su opinión, el déficit público "no es sólo un problema", sino también un "instrumento de la política económica". "En este momento tenemos un problema porque la crisis ha hecho que el déficit crezca, pero renunciar a un instrumento de la política económica, auto-prohibirnos utilizar un instrumento que en algún momento puede ser útil o incluso necesario es un sacrificio a una concepción ideológica del rol del Estado que yo no comparto", ha dicho.

Cuestionado por los periodistas, Borrell ha calificado la medida como un "sacrificio ritual a las exigencias de la señora Merkel" y ha advertido de que "reduce" el rol del Estado.

Además, se ha preguntado con qué instrumento va a hacer ahora frente el poder público "a las circunstancias cambiantes de la economía". "Ya hemos renunciado a la política monetaria y la hemos puesto en manos de un banco central independiente. Ahora, se nos exige que renunciemos a la política fiscal", ha censurado.

A su juicio, este tipo de "autolimitaciones no tienen sentido" desde el punto de vista del economista. "No lo comprendo", ha añadido Borrell, quien no cree que los mercados se vayan a tranquilizar por la reforma.

"Lo que les preocupa en estos momentos es el crecimiento económico. La tesis de que hemos de juramentarnos a no tener déficit porque así retornará la confianza y esto provocará que se vuelva a invertir y se vuelva a crecer es un cuento chino", ha aseverado.

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Moncloa negocia con los sindicatos extender la moderación salarial

LD 2011-08-25 Libre Mercado

CCOO, UGT y la CEOE ultiman la renovación del acuerdo social para mantener la moderación salarial hasta 2013 ó 2014, cuya vigencia actual llega hasta 2012, y que establece subidas de entre el 1% y el 2% para este año y de entre el 1,5% y el 2,5% para el próximo.

Fuentes sindicales han señalado a EFE que ayer hubo una reunión técnica entre ambas partes y no descartan que haya nuevos encuentros la semana que viene para avanzar en el pacto.

Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, enviaron una carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado 18 de agosto, en la que se mostraban dispuestos a ampliar el periodo de moderación salarial si los empresarios moderaban sus márgenes de beneficio y se comprometían a hacer inversiones. Las mismas fuentes han confirmado que un día antes, Zapatero convocó a una reunión a ambos líderes sindicales, junto con el presidente de la CEOE, Juan Rosell, para pedirles que prolongaran hasta 2014 el acuerdo que termina en 2012, según adelanta este jueves el diario El País.

Zapatero, durante su intervención en el pleno del Congreso el pasado martes para defender sus últimas medidas económicas, agradeció a Toxo y Méndez su carta y dijo que se trataba de una "muestra de responsabilidad" en un momento en el que se necesitan reformas para la creación de empleo.

El presidente también subrayó la necesidad de moderar salarios y beneficios para mejorar la competitividad perdida desde la entrada en el euro, que se ha podido recuperar en parte gracias a la vigencia del actual acuerdo de negociación colectiva, firmado por la patronal y los sindicatos en 2010. El presidente añadió que sería un "eslabón más de credibilidad" en la "senda de la recuperación" si los agentes sociales "de forma inmediata" extendieran el acuerdo a un período más amplio.

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El Gobierno suspende el límite para encadenar contratos temporales

El Gobierno ha decidido ampliar hasta los 30 años el contrato de formación de manera transitoria.

LD 2011-08-24 Libre Mercado

El Gobierno quiere suspender durante dos años el actual límite para encadenar contratos temporales y derogar el actual contrato de formación, implantando uno nuevo, denominado contrato de formación y aprendizaje que, muy al estilo alemán, permitirá a los jóvenes sin cualificación combinar trabajo y formación, cobrando para ello un salario que, proporcionalmente a la jornada laboral desempeñada, no podrá ser inferior en ningún caso al salario mínimo interprofesional (SMI).

Así consta en el borrador del Real Decreto-Ley que el próximo viernes llevará el Gobierno al Consejo de Ministros y en el que se precisa que la decisión de suspender temporalmente la regla que impide encadenar contratos temporales se debe a que, "lejos de fomentar la contratación indefinida", puede estar produciendo "efectos indeseados" de no renovación de contratos temporales.

En concreto, el borrador, al que ha tenido acceso Europa Press, precisa que durante dos años quedará suspendido el artículo 15.5 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el que se establece que adquirirán la condición de fijos aquellos trabajadores que en un plazo de treinta meses hubieran estado contratados durante más de dos años, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas mediante dos o más contratos temporales.

En cuanto al nuevo contrato de formación, el Gobierno explica en su borrador que se podrá realizar con jóvenes de entre 16 y 25 años que carezcan de cualificación profesional alguna, si bien, de manera transitoria, hasta el 31 de diciembre de 2013, esta modalidad contractual también podrá efectuarse con jóvenes de hasta 30 años sin cualificación profesional. En el caso de celebrarse con personas con discapacidad, no habrá límite máximo de edad.

En el texto se explicita que la duración del contrato será de dos años, aunque podrá prorrogarse otro año más en función de las necesidades formativas del trabajador o de las necesidades organizativas de las empresas. Una vez expirada la duración del contrato, el trabajador no podrá ser contratado bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa. Estos contratos no podrán efectuarse cuando el puesto de trabajo correspondiente al contrato haya sido desempeñado con anterioridad por el trabajador en la misma empresa por tiempo superior a un año.

Las empresas que, al finalizar su duración, transformen estos contratos en indefinidos podrán disfrutar de una reducción en la cuota empresarial de la Seguridad Social de 1.500 euros al año durante tres años. En el caso de las mujeres, la rebaja en la cotización será de 1.800 euros anuales. Para tener derecho a estas reducciones, la transformación deberá implicar un aumento en el nivel de empleo fijo de las empresas contratantes.

El trabajador sujeto a este contrato deberá recibir la formación oportuna en un centro formativo reconocido por el sistema nacional de empleo y la actividad laboral que desempeñe en la empresa deberá estar relacionada con la formación que esté recibiendo. Ésta tendrá que comenzar como máximo en un plazo de cuatro meses a contar desde la fecha de la celebración del contrato.

El SMI será la referencia y la jornada no podrá superar el 75%

Según el borrador, el trabajador podrá solicitar un certificado de profesionalidad en función de la cualificación o competencia profesional adquirida a través del contrato.

El tiempo de trabajo efectivo que desempeñe el trabajador deberá ser compatible con el dedicado a las actividades formativas y no podrá superar el 75% de la jornada máxima prevista en convenio o, en su defecto, de la jornada máxima legal. Tampoco podrán realizarse horas extraordinarias ni trabajos nocturnos o a turnos.

La retribución del trabajador contratado bajo esta modalidad se fijará en proporción al tiempo de trabajo efectivo pero, en ningún caso, el salario percibido podrá ser inferior al SMI en proporción a las horas efectivas dedicadas. Además, el trabajador contratado bajo esta modalidad tendrá derecho a prestación por desempleo y estará protegido por todas las contigencias y prestaciones de la Seguridad Social.

Las empresas que efectúen contratos de esta naturaleza desde la entrada en vigor de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2013 con trabajadores mayores de 20 años e inscritos en el paro con anterioridad al 16 de agosto de 2011 tendrán derecho, durante toda la vigencia del contrato, a una reducción de las cotizaciones empresariales del 100% en el caso de que la empresa empleadora tenga una plantilla inferior a 250 personas o del 75% si igualan o superan esa cifra. Para tener derecho a estas bonificaciones, estos contratos deben traducirse en un aumento de personal en el seno de las empresas.

Asimismo, los trabajadores contratados bajo esta modalidad estarán eximidos de pagar sus cotizaciones a la Seguridad Social durante toda la vigencia del contrato.

Suplemento de crédito de 50 millones para pagar los 400 euros

El Real Decreto-Ley que irá este viernes al Consejo de Ministros prorrogará hasta 2013 el pago por parte del Fogasa de parte de las indemnizaciones por despido, aunque sólo en los casos de despidos procedentes, al tiempo que retrasa al primer semestre de 2013 el desarrollo de un proceso negociador para implantar el fondo de capitalización acordado por Gobierno y agentes sociales.

También se establece que en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la norma, se adoptarán las medidas necesarias para integrar el Servicio Público de Empleo Estatal y el Fogasa en un único organismo.

La norma prorroga además por otros seis meses, desde el 16 de agosto de 2011 al 15 de febrero de 2012, ambos incluidos, el llamado Plan Prepara, que combina formación y una ayuda de 400 euros mensuales para los parados que hayan agotado todas sus prestaciones. Para atender el pago de estas ayudas, el decreto contempla un suplemento de crédito al servicio público de empleo estatal, a financiar con deuda pública, por importe de 50 millones de euros.

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