.....INDEX
La Ley de Transitoriedad separatista de Cataluña es registrada por Junts pel Sí y la CUP el 28 08 2017 y García Albiol habla de utilizar el artículo 155 de la Constitución
Proposició de llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república
El Artículo 155 de la Constitución y su aplicación
EL PAÍS, DANI CORDERO CAMILO S. BAQUERO, lunes, 28/08/2017, https://elpais.com/ccaa/2017/08/28/catalunya/1503903673_644898.html
Junts pel Sí y la CUP registran el 28 08 2017 en el Parlamento catalán su proposición de ley de ruptura, que ha pasado a denominarse Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República y que está abiertamente fuera de la Constitución. Los dos grupos anunciaron su intención de aprobar la norma antes del 1 de octubre —la fecha fijada para el referéndum ilegal de independencia—, algo que defendían ERC y la CUP frente a las reticencias del PDeCAT. La ley está pensada para entrar en vigor si se celebra la consulta y en esta se impone el sí sobre el no, aunque sea solo por un voto de diferencia.
El frente independentista puso ayer la directa al presentar en sociedad su ley de desconexión. En esta ocasión, sin embargo, no protagonizó la presentación ningún miembro del Govern, como sí ocurrió con la ley del referéndum el pasado 4 de julio.
Los 89 artículos y tres disposiciones adicionales de la ley de transitoriedad jurídica suponen prácticamente una Constitución para Cataluña. Según ese texto, el Gobierno catalán controlaría el poder judicial (pese a las injerencias que continuamente critica al Ejecutivo central); se arrogaría las propiedades del Estado en Cataluña y dejaría en el aire el pago de la parte catalana de la deuda que pesa sobre el Reino de España. El catalán, el castellano y el aranés serían lenguas oficiales, algo que supone un cambio frente a la propuesta inicial, que primaba al catalán.
Se trata, junto a la que regula el referéndum, de la ley más comprometida de las que han redactado Lluís Corominas, Jordi Orobitg (Junts pel Sí), Benet Salellas y Gabriela Serra (CUP) en sus carreras como diputados. Los cuatro comparecieron para presentar la norma, pero ninguno quiso explicar qué proceso se seguirá para intentar darle validez ante la segura intervención del Gobierno central, que recurrirá al Tribunal Constitucional para que la suspenda. Sí anunciaron su decisión de aprobar la ley de ruptura antes del 1 de octubre, fecha prevista para el referéndum. Cuando eso suceda, el Ejecutivo encabezado por Carles Puigdemont tendrá que aprobar cinco decretos complementarios sobre materias que se negaron a desvelar.
Triunfo de ERC y la CUP
Si la norma del referéndum sirve para tratar de dar una pátina de legalidad a la consulta, la que se registró ayer en el Parlament quiere mostrar a los independentistas y a los indecisos que existe un nuevo marco legal preparado para una hipotética Cataluña erigida en república independiente, siempre y cuando se impusiera el sí en el referéndum.
La decisión de aprobarla antes de celebrar la consulta supone un nuevo golpe a la hegemonía política ejercida en las últimas tres décadas por Convergència —desde hace un año PDeCAT—, única formación que hasta ayer ponía reparos a no esperar al resultado de la votación. Los neoconvergentes se han visto forzados a sumarse al resto de partidos y entidades independentistas para no visualizar una nueva división en la mayoría secesionista. Ese giro aparece otra vez como una victoria de la CUP y de las organizaciones separatistas: la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium.
La última disposición de la proposición de ley presentada ayer establece que el nuevo marco jurídico solo entrará en vigor si gana el sí, tal y como marca la ley del referéndum. Su vida se limitaría a un año, tiempo que los diputados de Junts pel Sí y la CUP creen suficiente para redactar la verdadera Constitución de la república catalana. Esta, según regula la norma presentada ayer, quedaría a expensas de lo que decidieran un foro social y la asamblea constituyente que saldría de unas futuras elecciones, y del posterior referéndum para ratificar la nueva Constitución.
“Esta ley da la cobertura jurídica al periodo inmediatamente posterior” al referéndum independentista, afirmó Lluís Corominas, presidente del grupo de Junts pel Sí, quien aseguró que, a falta de un mes para la consulta, existe tiempo suficiente para que la ciudadanía conozca los detalles del referéndum ilegal. Las convocatorias electorales habituales se realizan con un plazo de 55 días.
El diputado de la CUP Benet Salellas explicó que con la presentación de la ley ya “no habrá ninguna vacilación ni ningún nuevo debate” respecto al referéndum, dejando clara la desconfianza existente entre los anticapitalistas de que, sobre todo el PDeCAT, se pueda echar atrás en el último momento en el proceso independentista. “Esta ley es también una herramienta de determinación, de dejar claro que tras el 1 de octubre no habrá un nuevo debate procesista sobre qué hacer, porque se crearán las instituciones y la república catalana”, dijo Salellas.
La CUP sostiene desde hace semanas que la presentación de esta ley servirá para matar el “procesismo”. De hecho, la proposición tenía que haber sido presentada en sociedad en julio, pero los titubeos de una parte del independentismo frenó ese paso.
La fórmula que se utilizará para la aprobación de la ley continúa siendo una incógnita, si bien los anticapitalistas, por una cuestión de tiempo y del previsible bloqueo del Constitucional, apenas tienen dos opciones: aprobarla en el Parlament modificando in extremis el orden del día en el mismo momento en que se celebre el pleno, o que el Govern la apruebe por decreto ley. Esta segunda vía sería incoherente con el redactado presentado ayer. Su artículo 32.2 reza que no pueden ser objeto de decretos ley “la reforma de esta ley, la regulación del proceso constituyente, la Constitución de Cataluña, el presupuesto y la ley electoral”.
La ley fija en sólo tres quintas partes del Parlament (81 diputados) el consenso que se requeriría para aprobar la supuesta Constitución de la futura república catalana. Actualmente, una reforma del Estatuto de Autonomía requiere el apoyo de dos terceras partes (90). La ley presentada ayer y la del referéndum, si se llegan a votar en el pleno, se aprobarán con tan solo 72 diputados.
“Golpe de Estado”
La presentación de la norma no sorprendió a la oposición, que aguardaba que esta semana los independentistas reemprendieran la actividad política lanzados hacia el referéndum y el choque con el resto del Estado. La jefa de la oposición, Inés Arrimadas (Ciudadanos), se alineó con el Gobierno central y aseguró que ninguna de las dos leyes de desconexión entrarán en vigor, “porque serán suspendidas por el Constitucional”. Arrimadas calificó los dos textos de “barbaridad jurídica”.
El socialista Miquel Iceta redujo la presentación de ayer a “un nuevo engaño de un proceso engañoso”. “No habrá referéndum el 1 de octubre ni el día 2 tendremos una república”, dijo. Xavier García Albiol (PP) opinó que con la apresurada presentación de la ley se buscaba “tapar la vergüenza del comportamiento de los independentistas en la manifestación [contra el terrorismo] del sábado”, y llegó a reabrir la posibilidad de utilizar el artículo 155 de la Constitución para evitar el “golpe de Estado” del separatismo.
----------------------------------------------------------
Cristina Narbona reitera que su partido "va a estar con el Gobierno" en la posible aplicación del artículo 155
EL MUNDO DANIEL MARTÍN Santander 30 AGO. 2017 http://www.elmundo.es/espana/2017/08/30/59a6a6f3468aebb9228b4664.html
La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha reiterado que su partido "va a estar con el Gobierno" en la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución para frenar el referéndum secesionista en Cataluña. Ese apoyo, ha recordado, ya ha sido trasladado al Ejecutivo "de manera frecuente en las conversaciones entre Rajoy y Pedro Sánchez".
Narbona, que ha participado en los cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, ha añadido que los socialistas han pedido al Gobierno que "actúe con mesura y con proporcionalidad, porque las leyes están para ser cumplidas, pero también deben ponerse en contexto y ver cómo se aplican. Pero nosotros estamos con el Gobierno en el cumplimiento de la legalidad".
----------------------------------------------------------
La ley de Transitoriedad Jurídica es la tercera de las leyes de desconexión: las otras dos, la que crea una hacienda propia catalana y la que crea una agencia de protección social, ya han sido presentadas y admitidas a trámite.
----------------------
A LA MESA DEL PARLAMENT
Lluís M. Corominas i Díaz, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent, Jordi Orobitg i Solé, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent, Gabriela Serra Frediani, diputada del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 109.b del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent:
Proposició de llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república
Índex
Títol I. Disposicions generals, territori i nacionalitat
Títol II. Successió d’ordenaments i d’administracions
Títol III. Drets i deures
Títol IV. Sistema institucional:
Capítol 1. El Parlament
Capítol 2. La Presidència
Capítol 3. El Govern i l’Administració
Capítol 4. La Sindicatura electoral de Catalunya i el cens electoral
Capítol 5. Altres institucions
Capítol 6. El govern local
Títol V. Poder judicial i administració de justícia
Títol VI. Finances
Títol VII. Procés constituent
Disposicions finals
Exposició de motius
Tot i que la configuració definitiva del nou Estat correspon a la Constitució que ha d’elaborar l’Assemblea Constituent i ratificar la ciutadania, un cop proclamada la independència de Catalunya és imprescindible donar forma jurídica, de manera transitòria, als elements constitutius bàsics del nou Estat per tal que de forma immediata pugui començar a funcionar amb la màxima eficàcia i, al mateix temps, cal regular el trànsit de l’ordenament jurídic vigent al que ha d’anar creant la República, tot garantint que no es produiran buits legals, que la transició es farà de manera ordenada i gradual i amb plena seguretat jurídica; assegurant, en suma, que des de l’inici el nou Estat estarà sotmès al Dret; que en tot moment serà un Estat de Dret.
El que s’acaba de descriure és l’objecte primer i la primera finalitat de la present Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República. Tanmateix, persegueix un segon objectiu no menys important. Vol regular els elements constitutius bàsics i la transició d’ordenaments de manera que la llibertat del futur poder constituent no resulti condicionada per decisions preses en aquesta etapa transitòria.
Per això, el criteri que presideix i guia tota la regulació de la Llei és el d’assegurar la màxima continuïtat possible a la regulació existent, introduinthi només les novetats indispensables per tal que la nova República pugui actuar com a tal amb plena capacitat i inaplicant d’entrada les regulacions de l’ordenament jurídic anterior que contravenen de manera clara i frontal els principis generals en els quals s’assenta la República.
Així la Llei en el seu títol inicial, de manera succinta, constitueix Catalunya com a República de Dret, democràtica i social, atribueix la sobirania nacional al poble de Catalunya, es reconeix com a norma suprema mentre no sigui aprovada la Constitució, proclama respecte pel dret de la Unió Europea i pel dret internacional i delimita el territori en el qual exercirà la seva sobirania i fixa, amb criteris continuistes, els requisits per tenir-ne la ciutadania, tot i exigir un període mínim d’empadronament en un municipi de Catalunya per tenir la nacionalitat d’origen i parant especial atenció en evitar l´apatrídia i permetre una amplia possibilitat de posseir la doble nacionalitat.
Regula la successió d’ordenaments i administracions en el sentit ja esmentat de garantir la màxima continuïtat de les normes locals, autonòmiques, estatals, europees i internacionals vigents, però preveient alhora instruments normatius àgils per permetre l’adaptació, la modificació i la inaplicació del dret vigent quan sigui indispensable.
Estableix les pautes generals que han de permetre la integració ràpida del personal funcionarial i laboral de l’Estat espanyol que treballa avui a Catalunya, així com la de catalans que treballen en les Administracions de l’Estat fora de Catalunya. També preveu procediments excepcionals d’incorporació urgent de personal nou a les administracions de Catalunya.
Fixa els criteris que han de permetre la subrogació sense solució de continuïtat de l’Estat espanyol en els contractes, convenis i acords de l’Estat i la continuïtat de l’Estat català en la posició de la Generalitat de Catalunya.
Garanteix la continuïtat dels drets i deures de la ciutadania i de les persones estrangeres mitjançant remissions als drets constitucionals, estatutaris i internacionals vigents a Catalunya. Fa un reconeixement singular del dret a les prestacions i a la protecció social i, en relació als drets lingüístics, dóna continuïtat a les normes catalanes vigents abans de la successió d’ordenaments. En general, la garantia dels drets del títol III és continuista, amb especial èmfasi en la protecció judicial d’aquests drets.
La Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República adopta, en general, el sistema institucional que preveu l’Estatut d’autonomia amb les adaptacions necessàries a la successió d’ordenaments i d’administracions. Un exemple rellevant de la voluntat de continuïtat, és la remissió a l’Estatut d’autonomia pel que fa a l’autonomia, l’organització i les competències dels governs locals de Catalunya. Pel que fa a les adaptacions i modificacions és destacable, per exemple, que el Consell de Garanties Democràtiques recupera el caràcter vinculant dels dictàmens sobre projectes i proposicions de llei que afectin drets reconeguts en aquesta Llei. Encara és més destacable la creació i regulació de la Sindicatura Electoral que, a partir de la Sindicatura prevista a la Llei del Referèndum d’Autodeterminació, per primera vegada des de la recuperació de l’autonomia política de finals del segle passat, estableix un sistema català de garantia dels processos electorals diferent al regulat per la legislació espanyola. Aquesta Sindicatura es compon de la Sindicatura Electoral de Catalunya, la Sindicatura Electoral d’Aran, les sindicatures electorals comarcals i les meses electorals. La Sindicatura Electoral de Catalunya, configurada com a òrgan independent, imparcial i permanent, esdevé la màxima responsable dels processos electorals, consultius i de participació ciutadana, sens perjudici del control judicial. La Sindicatura Electoral de Catalunya es compon de 7 membres escollits pel Parlament per majoria absoluta, dels quals 5 seran juristes o politòlegs de prestigi i 2 seran jutges.
Pel que fa al sistema judicial, per bé que es crea un poder judicial català per primera vegada des de la recuperació de l’autonomia, també es procura ser continuista en relació amb la planta, les places i les normes processals. Amb aquesta voluntat, s’adopta la planta judicial existent a Catalunya amb adaptacions puntuals. La continuïtat de la planta també es lliga a la continuïtat en les places que ocupen els magistrats, jutges, fiscals i lletrats, els quals les mantenen amb els mateixos drets econòmics i professionals. En virtut de la clàusula general de continuïtat de les normes, es continuen aplicant, amb caràcter general, les normes processals vigents. Malgrat la predominança de la continuïtat, hi ha adaptacions dignes de comentar amb cert deteniment.
L’actual Tribunal Superior de Justícia de Catalunya esdevé el nou Tribunal Suprem de Catalunya. Manté els magistrats i les sales actuals amb algunes adaptacions. L’actual Sala Civil-Penal es desdobla en una Sala Civil i en una altra de Penal. Es crea una Sala Superior de Garanties que coneix dels recursos d’empara que abans de la successió coneixia el Tribunal Constitucional, els conflictes de jurisdicció, les impugnacions especials de reexamen i els recursos electorals, entre d’altres que li pugui atribuir la llei. La Sala Superior es compon pel president del Tribunal Suprem, els presidents de les altres quatre sales i 2 magistrats designats pel Parlament, per majoria absoluta, entre juristes de reconeguda competència amb 15 anys d’exercici professional.
Es dissenyen dues institucions per a assegurar que el nou poder judicial s’autogoverna de manera independent però alhora coordinada amb el poder executiu. La Sala de Govern del Tribunal Suprem, la qual exerceix el govern del poder judicial, es compon pel president del Tribunal Suprem, els presidents de Sala d’aquest Tribunal, els presidents de les audiències provincials i 5 magistrats o jutges elegits pel Parlament, per majoria absoluta, d’entre els membres de la carrera judicial. La Comissió Mixta, que reuneix de manera paritària la Sala de Govern del Tribunal Suprem i el Govern de Catalunya, té funcions tan rellevants com les de proposar el nomenament del president del Tribunal Suprem i dels presidents de Sala d’aquest Tribunal. Tot i això la Llei no prejutja ni condiciona decisions com la creació o no d’un Tribunal Constitucional o d’un Consell General del Poder Judicial que correspon adoptar al poder constituent.
El darrer títol de la Llei regula el procés constituent, el qual consta de tres fases successives. La primera és la del procés participatiu, políticament vinculant, que consta d’un procés deliberatiu sectorial i territorial i un Fòrum Social Constituent, format per representants de la societat civil organitzada i dels partits polítics, amb l’objectiu de debatre i formular un conjunt de preguntes a la ciutadania sobre els principis i qüestions generals de la futura Constitució, mitjançant processos de participació ciutadana. La segona fase és la de l’Assemblea Constituent, la qual disposa de plens poders per a redactar una proposta de Constitució. Una vegada aprovada la proposta de Constitució, s’obre la fase de ratificació per referèndum. Una vegada la proposta de Constitució és ratificada per referèndum, es dissol l’Assemblea Constituent i es procedeix a convocar noves eleccions.
Per concloure cal reiterar la voluntat de Catalunya, ara ja en qualitat d’Estat sobirà i independent, de vehicular la successió de manera negociada i pactada amb les institucions espanyoles, europees i internacionals. La cerca i l’esperança en el pacte, que sempre ha estat un tret definidor del dret i de les institucions públiques de Catalunya, continuaran també durant la successió d’Estats.
PROPOSICIÓ DE LLEI
TÍTOL I. Disposicions generals, territori i nacionalitat
Article 1. Estat Català
Catalunya es constitueix en una República de Dret, democràtica i social.
Article 2. Sobirania nacional
La sobirania nacional rau en el poble de Catalunya, del qual emanen tots els poders de l’Estat.
Article 3. Norma suprema
Mentre no sigui aprovada la Constitució de la República, la present Llei és la norma suprema de l’ordenament jurídic català.
Article 4. Dret de la Unió Europea i dret internacional
1. El dret de la Unió Europea manté la seva naturalesa i posició respecte el dret intern.
2. Catalunya actua respectant el dret internacional. Els principis i costums del dret internacional general formen part de l’ordenament jurídic català. Els tractats internacionals autoritzats parlamentàriament s’apliquen amb preferència a les lleis.
Article 5. L’Aran
L’Aran manté l’estatut polític, jurídic i lingüístic que li reconeixen les normes vigents en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, inclosa l’organització institucional pròpia.
Article 6. Territori
1. El territori de Catalunya, als efectes de l’exercici de la seva plena sobirania, està compost per l’espai terrestre, inclòs el subsòl, corresponent als seus límits geogràfics i administratius en el moment d’entrar en vigor aquesta Llei, pel mar territorial, inclòs el seu llit i subsòl, per l’espai aeri situat sobre l’espai terrestre i el mar territorial de Catalunya.
2. Catalunya gaudeix dels drets de la sobirania i dels altres drets reconeguts pel dret internacional pel que fa a la seva plataforma continental i la seva zona econòmica exclusiva.
Article 7. Nacionalitat d’origen
Tenen la nacionalitat catalana d’origen:
1. Les persones que en el moment d’entrar en vigor aquesta Llei posseeixen la nacionalitat espanyola i estiguin empadronades a un municipi de Catalunya des d’abans del 31 de desembre de 2016; i les persones de nacionalitat espanyola empadronades amb posterioritat a aquesta data i abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei que ho sol·licitin a partir del moment en què compleixin dos anys d’empadronament continuat a un municipi de Catalunya.
2. Les persones, no compreses en l’apartat primer, de nacionalitat espanyola en el moment d’entrar en vigor aquesta llei, que ho sol·licitin i que estiguin en alguna de les circumstàncies següents:
a) Hagin nascut a Catalunya.
b) Resideixin fora de Catalunya i hagin tingut la seva darrera residència administrativa en un municipi de Catalunya durant almenys cinc anys.
c) Siguin fills de pare o mare amb la nacionalitat catalana.
El dret d’opció previst en aquest article s’exerceix davant dels òrgans responsables del Registre Civil dins del termini de tres anys des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
3. Les persones nascudes o adoptades essent menors d’edat després de l’entrada en vigor d’aquesta Llei que siguin fills de pare o mare catalans.
4. Les persones que, després de l’entrada en vigor d’aquesta Llei:
a) Hagin nascut a Catalunya de pares estrangers si la legislació personal que se’ls aplica no les hi atribueix una nacionalitat o els seus pares no en tinguessin.
b) Hagin nascut a Catalunya i no tinguin determinada la filiació.
Article 8. Adquisició de la nacionalitat
1. La nacionalitat catalana es pot adquirir per residència legal i continuada a Catalunya durant un període de cinc anys immediatament anterior a la petició. Aquest període pot ser modificat d’acord amb els convenis internacionals que celebri Catalunya.
2. Als efectes de l’apartat primer, es computa als estrangers el temps de residència legal a Catalunya que hagi transcorregut abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
3. Poden optar a la nacionalitat catalana els fills menors de les persones que l’hagin adquirit en virtut d’aquest article, a petició dels pares o tutors.
4. Les persones que hagin adquirit la nacionalitat catalana en poden ser privades per haver falsejat les dades que van justificar l’adquisició de la nacionalitat.
Article 9. Doble nacionalitat
1. L’atribució de la nacionalitat catalana no exigeix la renúncia de la nacionalitat espanyola ni de qualsevol altra.
2. El Govern promourà, en el temps més breu possible, negociacions amb l’Estat espanyol per celebrar un tractat en matèria de nacionalitat.
TÍTOL II. Successió d’ordenaments i d’administracions
Article 10. Continuïtat del dret vigent
1. Les normes locals, autonòmiques i estatals vigents a Catalunya en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, es continuen aplicant en tot allò que no contravingui la present Llei i el dret català aprovat amb posterioritat. 2.També es continuen aplicant, d’acord amb aquesta Llei, les normes del dret de la Unió Europea, el dret internacional general i els tractats internacionals.
Article 11. Continuïtat dels actes administratius
Es continuen aplicant les autoritzacions, llicències, concessions, certificacions, avaluacions, titulacions, acreditacions, permisos i la resta d’actes administratius adoptats d’acord amb el dret vigent abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, sens perjudici de la capacitat de revisió de l’Administració prevista a la legislació aplicable.
Article 12. Decrets d’adaptació, modificació i inaplicació del dret vigent
1. El Govern pot dictar les disposicions necessàries per a l’adaptació, modificació i inaplicació del dret local, autonòmic i estatal vigents a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, d’acord amb allò que s’estableix en els apartats següents i en el decret llei que els desenvolupi.
2. El Parlament validarà aquestes disposicions quan les normes afectades tinguin rang de llei. En aquests casos la modificació, adaptació o inaplicació adoptarà la forma i el procediment d’aprovació i validació dels decrets llei.
3. Aquests decrets també poden servir per a regular la recuperació de la validesa i l’eficàcia de les normes anteriors a la successió d’ordenaments jurídics anul·lades o suspeses per motius competencials pel Tribunal Constitucional i per la resta de tribunals.
Article 13. Règim jurídic de la continuïtat
1. Les normes locals, autonòmiques i estatals vigents a l’entrada en vigor d’aquesta Llei i que no hagin estat declarades inaplicables, conserven el seu rang, amb les precisions següents:
Els articles de les lleis orgàniques, de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i de la Constitució espanyola que estaven vigents en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, passen a tenir rang de llei ordinària quan no s’hagin incorporat en aquesta Llei i sempre que no la contravinguin. L’aplicació de les normes estatals s’entén referida a llur contingut a l’entrada en vigor de la present Llei i no a llurs modificacions posteriors. Les normes que declarin inaplicables lleis o normes amb rang de llei vigents a Catalunya en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, poden establir el manteniment de la vigència de les disposicions reglamentàries derivades de les normes derogades.
2. Les normes anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta Llei s’interpreten i apliquen d’acord amb aquesta i la resta de normes catalanes dictades amb posterioritat. En exercici d’aquesta potestat d’interpretació i aplicació conforme, les administracions queden vinculades per les decisions dels tribunals. Els jutjats i els tribunals queden vinculats per les decisions dels tribunals superiors.
Article 14. Continuïtat del dret de la Unió Europea
1. Les normes de la Unió Europea vigents a Catalunya en el moment d’entrar en vigor aquesta Llei es continuen aplicant respecte de les obligacions que eren d’aplicació a les institucions catalanes i d’aquelles que s’aplicaven en el territori català per part de les institucions de l’administració central de l’Estat espanyol en les mateixes condicions que estableix el dret de la Unió Europea.
2. Les normes de la Unió Europea que entrin en vigor amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei s’integraran automàticament en l’ordenament jurídic de Catalunya, respecte de les obligacions que siguin d’aplicació a Catalunya, en les mateixes condicions que estableix el dret de la Unió Europea.
Article 15. Continuïtat dels tractats internacionals
1. Els tractats internacionals celebrats pel Regne d’Espanya que siguin d’aplicació a Catalunya, sempre que la seva aplicació no resulti incompatible amb l’objecte i la finalitat del tractat o canviïn radicalment les condicions de la seva execució, es continuen aplicant a Catalunya, integrant-se en el seu ordenament jurídic fins que s’acordi la seva retirada, es renegociïn d’acord amb les normes del dret internacional o es vegin substituïts per un nou tractat internacional.
2. En el termini més breu possible, el Govern declararà la inaplicació dels tractats que incorren en les incompatibilitats del paràgraf anterior. Quan els tractats haguessin estat autoritzats parlamentàriament, caldrà sotmetre la inaplicació a l’aprovació del Parlament.
3. En el termini d’un any, el Govern sotmetrà al Parlament el llistat de tractats internacionals aplicats a Catalunya que haguessin estat autoritzats parlamentàriament. Sobre la base d’aquest llistat, el Parlament autoritzarà l’adopció de l’acte de notificació de continuïtat, renegociació o retirada a les altres parts d’aquests tractats. Quan els tractats no haguessin estat autoritzats parlamentàriament, el Govern adoptarà la decisió i la comunicarà al Parlament.
4. Mentre el Parlament no dicti una nova disposició, el procediment per a la celebració de tractats internacionals és el reglat a la Llei sobre Tractats i d’altres acords internacionals, amb les adaptacions necessàries al nou ordenament jurídic que s’estableixin en el decret llei de desenvolupament d’aquesta Llei fundacional i de transitorietat.
Article 16. Successió d’administracions
L’Administració de la Generalitat, que inclou totes les administracions de Catalunya, succeeix l’administració de l’Estat espanyol en el territori de Catalunya, així com amb relació als ciutadans de Catalunya que resideixen fora d’aquest territori.
Article 17. Règim d’integració de personal
1. El personal de les administracions de Catalunya manté la mateixa vinculació i condicions retributives i d’ocupació, sens perjudici de les adaptacions que resultin necessàries per raó de les funcions a desenvolupar.
2. El personal de l’Estat espanyol que presti els seus serveis en l’Administració General de Catalunya, l’Administració Local de Catalunya, les universitats catalanes o l’Administració de Justícia a Catalunya s’integra a l’administració pública de Catalunya que correspongui en funció de la seva administració de procedència, en les mateixes condicions retributives i d’ocupació, llevat que renunciï a la integració en els termes que estableixi el decret llei que desenvolupi aquesta Llei i sens perjudici de les adaptacions que resultin necessàries per raó de les funcions a desenvolupar.
3. El personal de l’Administració de l’Estat espanyol, inclosa la seva administració institucional, que presti els seus serveis en el territori de Catalunya pot optar a integrar-se a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb la mateixa vinculació i nivell de destinació i en les mateixes condicions retributives i d’ocupació, sens perjudici de les adaptacions que resultin necessàries per raó de les funcions a desenvolupar.
4. Les disposicions que desenvolupin aquesta Llei poden preveure la possibilitat que el personal de l’Estat espanyol que presti els seus serveis fora del territori de Catalunya i posseeixi la nacionalitat catalana pugui sol·licitar la integració a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
5. Es requereix la possessió de la nacionalitat catalana en aquells llocs de treball que impliquin l’exercici de poder públic i la salvaguarda d’interessos generals.
Article 18. Procediments per a la incorporació de nou personal
1. L’Administració General de Catalunya pot incorporar en places especials el personal funcionarial que sigui imprescindible per garantir el funcionament normal de serveis públics, a partir d’un procediment d’urgència, excepcional i transitori, que ha de respectar els principis d’igualtat, mèrit, capacitat, publicitat, transparència i lliure concurrència.
2. El procediment previst en l’apartat anterior només és aplicable en cas que els procediments ordinaris i extraordinaris d’incorporació de personal, regulats en la normativa de funció pública, siguin insuficients per assegurar, amb caràcter immediat, una dotació adequada de personal públic.
3. El procediment d’urgència és regulat mitjançant decret llei que ha d’establir el termini màxim en què se’n pot fer ús i les condicions a què s’ha d’ajustar.
Article 19. Subrogació en contractes, convenis i acords
1. L’Estat català se subroga en la posició de l’Estat Espanyol: - en els contractes formalitzats per aquest, subjectes a la legislació de contractes del sector públic i referits a obres, subministraments o prestació de serveis que afectin Catalunya, i que estiguin pendents totalment o parcialment d’execució. - en els contractes patrimonials formalitzats per aquest que estiguin vinculats a la prestació de serveis públics a Catalunya assumint les obligacions i els drets contractuals que corresponen a l’Estat espanyol. Aquesta subrogació no altera els pactes i els termes econòmics i jurídics establerts en els contractes. - en els convenis i acords de col·laboració de què aquest sigui titular en l’àmbit territorial de Catalunya.
2. L’Estat català continua en la posició de la Generalitat de Catalunya: en els contractes formalitzats per aquesta, subjectes a la legislació de contractes del sector públic i referits a obres, subministraments i prestacions de serveis, i que estiguin pendents totalment o parcialment d’execució. en els contractes patrimonials formalitzats per aquesta. en els convenis i acords de col·laboració de què aquesta sigui titular.
3. La subrogació no altera els termes econòmics, jurídics i tècnics de les prestacions compreses en els contractes i convenis, salvant les adaptacions necessàries derivades de l’alteració de l’àmbit territorial, de competències o d’interessos de Catalunya. Només en casos excepcionals i per motius justificats de salvaguarda de l’interès general, l’Administració de la Generalitat de Catalunya pot, a partir dels dos anys d’entrada en vigor de la disposició que reguli el procediment de subrogació contractual, revisar les condicions del contracte o declarar-lo extingit, prèvia audiència de l’empresa contractista i amb el reconeixement de la indemnització que, si escau, sigui procedent.
4. En cas que no es produeixi la subrogació en els contractes especialment rellevants per al normal funcionament de l’Estat o per al desenvolupament de les activitats bàsiques dels ciutadans, els òrgans competents de l’Administració de la Generalitat de Catalunya poden utilitzar la contractació d’emergència, d’acord amb el que estableixi la normativa de desplegament d’aquesta Llei.
Article 20. Successió en els drets reals
L’Estat català succeeix l’Estat espanyol i es manté en la posició de la Generalitat de Catalunya en la titularitat de qualsevol classe de dret real sobre tot tipus de béns a Catalunya.
Article 21. Acords amb l’Estat espanyol en matèria de personal i de contractes
1.El Govern ha d’impulsar la formalització d’un acord amb l’Estat espanyol per establir un règim de col·laboració per a la integració en l’administració de la Generalitat del personal de l’Estat espanyol que presta els serveis a Catalunya.
2. El Govern ha d’impulsar un acord amb l’Estat espanyol per establir un règim de col·laboració per a la successió en els contractes que siguin d’interès per a ambdues parts.
TÍTOL III. Drets i deures
Article 22. Drets
1. Fins a l’aprovació de la Constitució catalana, es garanteixen com a drets fonamentals els drets reconeguts en la Constitució espanyola i en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
2. També es garanteix el respecte dels drets reconeguts en la Declaració Universal dels Drets Humans, el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, el Conveni Europeu de Drets Humans i els seus protocols addicionals, i la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.
Article 23. Dret a les prestacions i a la protecció social
1. Es reconeix el dret a percebre les prestacions socials públiques, incloses la Seguretat Social i altres sistemes alternatius, reconegudes a l’entrada en vigor d’aquesta Llei. Es reconeixen també els períodes de cotització al sistema de Seguretat Social realitzats al territori de Catalunya, a efectes de carència i de càlcul, així com al d’altres Estats d’acord amb el dret de la Unió Europea i els convenis internacionals aplicables.
2. Es reconeix el dret a la protecció social, especialment pel que fa als infants, davant de situacions de pobresa, inclosa la pobresa energètica, de risc d’exclusió social per manca d’habitatge digne, malnutrició i altres privacions de condicions bàsiques de vida.
Article 24. Drets lingüístics
Totes les persones tenen dret a no ser discriminades per raons lingüístiques i a exercir el dret d’opció en relació amb les llengües catalana, occitana i castellana, conforme amb allò que estableix la Llei 1/1998, de política lingüística i els drets que empara, així com la resta de drets lingüístics vigents en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
Article 25. Deures 1. Totes les persones tenen l’obligació de contribuir al sosteniment de les despeses públiques segons la seva capacitat econòmica.
2. Totes les persones tenen el deure de respectar i preservar el patrimoni cultural.
3. Totes les persones tenen el deure de col·laborar en la conservació del patrimoni natural i en les actuacions que tendeixin a preservar-lo per a les generacions futures.
4. Es podran establir per llei els deures de les persones pels casos d’emergència pública deguda a catàstrofes naturals, crisis sanitàries, paralització de serveis essencials de la comunitat, desproveïment de productes de primera necessitat, accidents de gran magnitud o altres situacions similars.
Article 26. Drets i deures de les persones estrangeres
1. Les persones estrangeres a Catalunya tenen els mateixos drets i deures que les persones amb nacionalitat catalana en els termes que estableixi la llei. La no possessió de la nacionalitat catalana no impedeix l’accés, l’exercici ni la justiciabilitat dels drets.
2. El dret de sufragi queda reservat a les persones amb nacionalitat catalana, llevat que s’estengui a determinades persones estrangeres mitjançant una llei o un tractat internacional.
Article 27. Garanties dels drets
1. Els drets d’aquest Títol vinculen de manera directa i immediata tots els poders públics de Catalunya. Vinculen també els particulars d’acord amb la naturalesa de cada dret.
2. La falta de norma o desplegament jurídic no pot justificar la violació, el no reconeixement o la no justiciabilitat de cap d’aquests drets. Els drets són interdependents i es desenvoluparan de la manera més extensiva a través de les normes, la jurisprudència i les polítiques públiques.
3. Aquests drets són regulats per llei, en els termes que s’estableixen en aquesta Llei. Mentre no s’aprovi una legislació pròpia, són aplicables a Catalunya les lleis estatals i autonòmiques de desenvolupament d’aquests drets vigents a Catalunya en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
4. Els drets de l’article 22 són objecte de protecció judicial, mitjançant els procediments legalment establerts, que seran de caràcter preferent i sumari.
5. Els drets que a l’entrada en vigor d’aquesta Llei són susceptibles de recurs d’empara, disposen d’aquesta garantia davant la Sala Superior de Garanties.
Article 28. Estats d’emergència
Quan es donin les circumstàncies excepcionals previstes a la normativa vigent a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, les institucions homòlogues de la Generalitat poden declarar, en els mateixos termes i condicions, els estats d’emergència previstos a la normativa referida.
TÍTOL IV. Sistema institucional
Capítol 1. El Parlament
Article 29. Disposicions generals
1. El Parlament representa el poble de Catalunya.
2. El Parlament exerceix la potestat legislativa, aprova els pressupostos i controla i impulsa l’acció política i de govern.
3. La composició del Parlament, el sistema electoral, l’estatut dels diputats i diputades, l’autonomia parlamentària i l’organització i el funcionament del Parlament, es regiran per allò que estableixen els articles 56, 57, 58, 59 i 60 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Article 30. Funció i iniciativa legislatives
1. El Parlament exerceix la funció legislativa mitjançant la tramitació i l’aprovació de Lleis.
2. La iniciativa legislativa correspon als diputats, als grups parlamentaris i al Govern. També correspon, en els termes establerts per les lleis de Catalunya, als ciutadans, mitjançant la iniciativa legislativa popular, i als òrgans representatius dels ens supramunicipals de caràcter territorial.
3. L’aprovació, la modificació i la derogació de les lleis requereixen el vot favorable de la majoria simple del Parlament de Catalunya, llevat que aquesta Llei n’estableixi una altra.
4. El Ple del Parlament pot delegar la tramitació i l’aprovació d’iniciatives legislatives a les comissions legislatives permanents. En qualsevol moment pot revocar aquesta delegació. No poden ésser objecte de delegació a les comissions la reforma d’aquesta Llei, la regulació del procés constituent, la Constitució de Catalunya, el pressupost, la llei electoral i les lleis de delegació legislativa del Govern.
Article 31. Legislació delegada
1. El Parlament pot delegar en el Govern la potestat de dictar normes amb rang de llei. Les disposicions del Govern que contenen legislació delegada tenen el nom de decrets legislatius. No poden ésser objecte de legislació delegada la reforma d’aquesta Llei, la regulació del procés constituent, la Constitució de Catalunya, el pressupost i la llei electoral.
2. La delegació legislativa només es pot atorgar al Govern. La delegació ha d’ésser expressa, per mitjà d’una llei, per a una matèria concreta i amb la determinació d’un termini per a fer-ne ús. La delegació s’esgota quan el Govern publica el decret legislatiu corresponent o quan el Govern es troba en funcions.
3. Quan es tracti d’autoritzar el Govern per a formular un nou text articulat, les lleis de delegació han de fixar les bases a les quals s’ha d’ajustar el Govern en l’exercici de la delegació legislativa. Quan es tracti d’autoritzar el Govern a refondre textos legals, les lleis han de determinar l’abast i els criteris de la refosa.
4. El control parlamentari de la legislació delegada s’ajusta a les regles següents : Si així ho disposa l’acord de delegació, el Parlament controla l’exercici de la legislació delegada fet pel Govern d’acord amb el procediment regulat en el Reglament del Parlament de Catalunya. Quan d’acord amb la llei de delegació l’objecte de la legislació delegada sigui la regulació del contingut essencial i el desenvolupament directe dels drets reconeguts per aquesta Llei, el Govern ha de trametre els projectes de decret legislatiu al Parlament per tal que aquest en el termini d’un mes expressi la seva conformitat o formuli observacions d’acord amb el procediment regulat pel Reglament del Parlament. El decret legislatiu pot ser promulgat i publicat al diari oficial després de rebre la conformitat del Parlament o que el Govern hagi incorporat les observacions fetes pel Parlament.
Article 32. Decret llei
1. En cas d’una necessitat extraordinària i urgent, el Govern pot dictar disposicions legislatives provisionals sota la forma de decret llei.
2. No poden ser objecte de decret llei, la reforma d’aquesta Llei, la regulació del procés constituent, la Constitució de Catalunya, el pressupost i la llei electoral.
3. Els decrets llei resten derogats si en el termini de trenta dies des de la seva promulgació no són validats pel Parlament.
4. El Parlament pot tramitar els decrets llei com a projectes de llei pel procediment d’urgència, dins el termini que fixa l’apartat 3. 5. Els decrets lleis no són susceptibles de control per part del Consell de Garanties Democràtiques.
Article 33. Promulgació i publicació de les lleis i normes amb rang de llei
Les lleis i normes amb rang de llei a Catalunya són promulgades pel president o presidenta de la Generalitat el qual n’ordena la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en el termini de quinze dies des de l’aprovació.
Capítol 2. La Presidència
Article 34. Posició institucional
1. El president o presidenta de la Generalitat és el cap de l’Estat i n’assumeix la seva més alta representació.
2. El president o presidenta de la Generalitat dirigeix l’acció de govern.
Article 35. Elecció
El president o presidenta de la Generalitat és elegit pel Parlament d’entre els seus membres. En tot allò no previst en la present Llei, l’elecció del President es regirà pel que estableix l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Llei 13/2008, de la presidència de la Generalitat i del Govern i el Reglament del Parlament de Catalunya.
Article 36. Immunitat, cessament i suplència
1. El president o presidenta de la Generalitat durant el seu mandat gaudeix d’immunitat, no pot ésser detingut o retingut excepte en cas de delicte flagrant. Correspon al Tribunal Suprem de Catalunya decidir sobre la inculpació, el processament i l’enjudiciament del president o presidenta de la Generalitat. L’Estatut personal del president o presidenta de la Generalitat és regulat per llei.
2. El president o presidenta de la Generalitat cessa per renovació del Parlament a conseqüència d’unes eleccions, per aprovació d’una moció de censura o denegació d’una qüestió de confiança, per defunció, per dimissió, per incapacitat permanent, física o mental, reconeguda pel Parlament, que l’inhabiliti per a l’exercici del càrrec, i per condemna penal ferma que comporti la inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics.
3. En cas de suplència o substitució del president o presidenta de la Generalitat, es regeix per allò que preveu l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Llei de la presidència de la Generalitat i del Govern.
Article 37. Funcions
Corresponen al president o presidenta de la Generalitat les funcions següents:
Promulgar les lleis i les normes amb rang de Llei i ordenar-ne la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Dissoldre el Parlament i convocar les eleccions d’acord amb el que estableix l’article 75 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Nomenar els càrrecs institucionals de l’Estat d’acord amb el que estableixen aquesta Llei i les lleis i ordenar la publicació del nomenament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Nomenar i cessar els membres del Govern.
Establir les directrius generals de l’acció del Govern i coordinar les funcions dels seus membres.
Expedir els decrets acordats i ordenar-ne la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Acreditar els representants diplomàtics i manifestar el consentiment de l’Estat per a obligar-se internacionalment mitjançant tractats d’acord amb el què s’estableix en aquesta Llei i en la normativa que la desenvolupi.
Concedir distincions honorífiques.
Les altres que determinin les lleis.
Capítol 3. El Govern i l’Administració
Article 38. Govern
1. El Govern és l’òrgan superior col·legiat de l’Estat que dirigeix l’acció política i l’administració. Exerceix la funció executiva i la potestat reglamentària d’acord amb aquesta Llei.
2. El Govern es compon del president o presidenta de la Generalitat, del vicepresident o vicepresidenta, si s’escau, i dels consellers i/o conselleres.
3. La Llei de la presidència de la Generalitat i del Govern regula l’organització, el funcionament i les atribucions del Govern i és d’aplicació en tot allò que no contradigui la present Llei.
4. El Govern cessa quan ho fa el president o presidenta de la Generalitat.
5. Les disposicions generals i les normes que emanen del Govern o de l’Administració General de Catalunya han d’ésser publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Article 39. El vicepresident o vicepresidenta
El president o presidenta de la Generalitat, per decret, pot nomenar o separar un vicepresident o vicepresidenta, de la qual cosa ha de donar compte al Parlament. Les funcions pròpies del vicepresident o vicepresidenta i les que poden assumir per delegació del president o presidenta de la Generalitat es regiran per allò previst a la Llei de la presidència de la Generalitat i del Govern.
Article 40. Immunitat i estatut dels membres del Govern
Els membres del Govern gaudeixen d’immunitat durant llur mandat amb l’efecte que no poden ser detinguts ni retinguts excepte en cas de delicte flagrant. Correspon al Tribunal Suprem de Catalunya decidir sobre la inculpació, el processament i l’enjudiciament dels membres del Govern. L’estatut personal dels membres del Govern és regulat per la llei.
Article 41. Responsabilitat política
1. El president o presidenta de la Generalitat i els membres del Govern responen políticament davant del Parlament de manera solidària, sens perjudici de la responsabilitat directa de cadascun d’ells.
2. Els procediments per a plantejar la responsabilitat política del Govern són la moció de censura i la qüestió de confiança
3. La delegació de funcions del President o presidenta de la Generalitat no l’eximeix de la seva responsabilitat política davant del Parlament.
4. Els drets i obligacions dels membres del Govern envers al Parlament es regiran pel que estableix l’article 73 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Article 42. L’Administració
1. L’Administració General és l’organització que, sota la direcció del Govern, exerceix les funcions executives d’acord amb aquesta Llei i la resta de l’ordenament.
2. Les administracions públiques serveixen amb objectivitat els interessos generals i actuen amb submissió plena a l’ordenament jurídic i al control dels tribunals.
3. Els articles 71 i 72 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya es continuen aplicant en els termes establertes en aquesta Llei i en tot allò que no s’hi oposi.
Capítol 5. La Sindicatura Electoral de Catalunya i el cens electoral
Article 43. La Sindicatura Electoral
1. La Sindicatura Electoral es composa de la Sindicatura Electoral de Catalunya, les sindicatures electorals comarcals i les meses electorals.
2. Per a les eleccions al Consell General d’Aran es constituirà la Sindicatura Electoral d’Aran, amb dependència jeràrquica de la Sindicatura Electoral de Catalunya assumint conjuntament en el seu territori les funcions i competències establertes per a les Sindicatures Electorals Comarcals.
Article 44. La Sindicatura Electoral de Catalunya
1. La Sindicatura Electoral de Catalunya es configura como un òrgan independent, imparcial i permanent, adscrit al Parlament. Té autonomia orgànica, funcional i pressupostària.
2. La Sindicatura Electoral de Catalunya és l’òrgan responsable de garantir, amb competència a tot el territori de Catalunya, la transparència i l’objectivitat dels processos electorals, els referèndums, les consultes populars i els processos de participació ciutadana, l’exercici efectiu dels drets electorals i de participació ciutadana i el compliment del principi d’igualtat en l’accés als càrrecs públics.
3. La Sindicatura Electoral de Catalunya té la seva seu institucional al Parlament de Catalunya, sense perjudici que pugui reunir-se en d’altres ubicacions.
4. Totes les autoritats públiques, en l’àmbit de les seves respectives competències, tenen el deure de col·laborar amb la Sindicatura Electoral de Catalunya per al correcte acompliment de les seves funcions. Pot reclamar l’assessorament de representants de les administracions i òrgans implicats en el procés electoral i, en general, de tècnics i experts i pot requerir que participin a les seves reunions, amb veu i sense vot.
Article 45. Funcions de la Sindicatura Electoral de Catalunya.
1. Corresponen a la Sindicatura Electoral de Catalunya, en relació als processos electorals, les consultes populars i els processos i de participació ciutadana, les competències següents:
Nomenar els membres de les sindicatures electorals comarcals i designar-ne el president. Supervisar la formació, rectificació, conservació i compulsa del cens electoral per a cada procés electoral, consulta popular i procés de participació ciutadana, l’elaboració del qual és responsabilitat de l’Oficina del Cens Electoral de Catalunya.
Acordar tot allò relacionat amb la reproducció i difusió de les llistes d’electors o participants, provisionals i definitives.
Supervisar la definició i actualització de la cartografia electoral de Catalunya, l’elaboració del qual és responsabilitat de l’Oficina del Cens Electoral de Catalunya.
Aprovar el disseny i supervisar la fabricació i trasllat dels models oficials de butlletes de votació, sobres electorals, actes electorals, manuals de funcionament de les meses electorals, urnes electorals, i la resta de la documentació electoral oficial. Supervisar el procediment de votació anticipada, tant pels electors residents al Principat com pels residents a l’exterior.
Supervisar el sistema de votació electrònica per als processos electorals i de participació ciutadana.
Coordinar les Sindicatures Electorals Comarcals i d’Aran i orientar-ne els criteris interpretatius de les seves decisions. Resoldre les consultes, queixes, reclamacions i recursos respecte dels quals té competència.
Exercir la jurisdicció disciplinària sobre totes les persones que intervinguin amb caràcter oficial en els processos electorals, les consultes populars i els processos de participació ciutadana, corregir-ne les actuacions que contravinguin la normativa i sancionar-ne, si s’escau, les infraccions administratives no constitutives de delicte.
Establir els criteris per a l’acreditació d’observadors electorals nacionals i internacionals.
La resta de funcions que li atribueixi la legislació.
2. Corresponen a la Sindicatura Electoral de Catalunya, en relació a les candidatures electorals, les competències següents:
Excloure o certificar la renúncia dels candidats en aplicació de les causes d’inelegibilitat.
Proclamar les candidatures electorals.
Crear un registre públic dels programes electorals de les candidatures.
Acreditar als interventors electorals de les candidatures.
La resta de funcions que li atribueixi la legislació.
3. Corresponen a la Sindicatura Electoral de Catalunya, en relació a les campanyes electorals, les consultes populars i els processos de participació ciutadanales competències següents:
Organitzar i gestionar la tramesa conjunta de la informació electoral de les candidatures.
Crear un registre públic d’enquestes i sondejos electorals.
Supervisar i aprovar el disseny de les campanyes institucionals sobre els processos electorals, ’enquestes i sondejos electorals. les consultes populars i els processos de participació ciutadana i supervisar-ne la difusió en els mitjans de comunicació.
Definir l’oferta d’espais gratuïts de propaganda electoral en els mitjans de comunicació de titularitat pública o de finançament majoritàriament públic i supervisar-ne l’assignació a les candidatures electorals.
Supervisar les condicions d’imparcialitat i pluralisme dels mitjans de comunicació públics i privats durant les campanyes electorals i de participació ciutadana, amb la col·laboració del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
Conèixer el resultat de la supervisió de la Sindicatura de Comptes sobre el finançament de les campanyes electorals i de participació ciutadana, incloent els pressupostos de campanya i els obligats retiments de comptes.
La resta de funcions que li atribueixi la legislació.
4. Corresponen a la Sindicatura Electoral de Catalunya, en relació als resultats electorals, les consultes populars i els processos de participació ciutadana, les competències següents:
Realitzar l’escrutini general.
Certificar els resultats electorals oficials i ordenar-ne la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Proclamar els candidats electes i expedir-ne les credencials corresponents.
Retre comptes davant del Parlament sobre el procediment i resultats electorals.
La resta de funcions que li atribueixi la legislació.
5. Corresponen a la Sindicatura Electoral de Catalunya, en relació a la millora de la qualitat democràtica, les competències següents:
Avaluar el funcionament del sistema electoral, les consultes populars i dels processos de participació ciutadana i proposar millores.
Fomentar la investigació i la difusió dels treballs sobre els processos electorals, les consultes populars i els processos de participació ciutadana.
Formar en matèria electoral, de les consultes populars i dels processos de participació ciutadana al personal de les administracions públiques de Catalunya i dels partits, coalicions i agrupacions d’electors que ho sol·licitin.
Oferir assistència logística i organitzativa sobre processos electorals i de participació ciutadana als partits polítics, sindicats, cambres agràries i de comerç, col·legis professionals, universitats i organitzacions anàlogues que ho sol·licitin.
Prendre part activa en la promoció de la cultura democràtica i electoral a nivell nacional i internacional.
Adherir-se i participar activament en organismes i associacions internacionals en matèria electoral i de participació ciutadana.
La resta de funcions que li atribueixi la legislació.
Article 46. Composició de la Sindicatura Electoral de Catalunya
1. La Sindicatura Electoral de Catalunya està integrada per set membres, elegits pel Parlament per majoria absoluta. Cinc han de ser juristes o politòlegs experts en processos electorals i de participació ciutadana i dos jutges. La majoria de membres experts han de ser juristes.
2. La Sindicatura Electoral de Catalunya podrà requerir la participació en les seves reunions, amb veu però sense vot, del director de l’Oficina del Cens Electoral de Catalunya o de la persona que el representi.
3. El secretari de la Sindicatura Electoral de Catalunya serà el Secretari General del Parlament de Catalunya, el qual participa en les deliberacions amb veu però sense vot i coordina els mitjans personals i materials que el Parlament posa a disposició de la Sindicatura Electoral de Catalunya per l’exercici de les seves funcions.
Article 47. El Síndic Electoral
1. El membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya escullen entre ells el president, que té la denominació de Síndic Electoral.
2. El càrrec és incompatible amb qualsevulla altra activitat en el sector públic o privat.
Article 48. Mandat dels membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya
1. Els membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya són inamovibles.
2. El mandat dels membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya és de set anys, no prorrogables.
3. Els membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya es renoven per terços cada dos anys. En la reunió constitutiva de la Sindicatura Electoral de Catalunya s’ha de fer un sorteig per a designar els tres vocals que es renovaran un cop finalitzat el quart any de mandat i els tres vocals que es renovaran un cop finalitzat el sisè any de mandat, mentre que el vocal que ocupi el càrrec de Síndic Electoral ho farà a la finalització del setè any de mandat. En aquell moment els vocals procediran a l’elecció d’un nou Síndic Electoral.
4. Els membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya que perden llur condició per extinció del mandat continuen exercint llurs activitats en funcions, fins que els nous vocals hagin pres possessió del càrrec.
Article 49. Les Sindicatures Electorals Comarcals
1. Les Sindicatures Electorals Comarcals són òrgans temporals integrats per cinc vocals. Quatre han de ser juristes o politòlegs de prestigi experts en processos electorals i de participació ciutadana; un ha de ser jutge. En qualsevol cas, la majoria de membres experts han de ser juristes. La Sindicatura Electoral de Catalunya designarà els vocals a partir d’un llistat de candidats amb caràcter voluntari que acreditin coneixements i experiència en matèria electoral.
2. La Sindicatura Electoral de Catalunya nomenarà d’entre els vocals aquell que realitzarà les funcions de president de les respectives Sindicatures Electorals Comarcals, amb la denominació de Síndic Electoral Comarcal.
3. El secretari de cada Sindicatura Electoral Comarcal serà el secretari del Consell Comarcal corresponent, i assistirà a les reunions amb veu i sense vot. La seu de cada Sindicatura Electoral Comarcal serà la seu del Consell Comarcal corresponent, sens perjudici que puguin reunir-se en altres llocs de la comarca corresponent.
Article 50. Composició de la Sindicatura Electoral d’Aran
1. La Sindicatura Electoral d’Aran és un òrgan temporal integrat per cinc vocals. Quatre han de ser juristes o politòlegs de prestigi experts en processos electorals i de participació ciutadana, i un ha de ser jutge. En qualsevol cas, la majoria de membres experts han de ser juristes. La Sindicatura Electoral de Catalunya designarà els vocals a partir d’un llistat de candidats amb caràcter voluntari que acreditin coneixements i experiència en matèria electoral.
2. La Sindicatura Electoral de Catalunya, escoltada la proposta del Síndic d’Aran, nomenarà d’entre els vocals aquell que realitzarà les funcions de president de la Sindicatura Electoral d’Aran, amb la denominació de Síndic Electoral d’Aran.
3. El secretari de la Sindicatura Electoral d’Aran serà el secretari del Consell General, i assistirà a les reunions amb veu i sense vot. La seu de la Sindicatura Electoral d’Aran serà la seu del Consell General, sens perjudici que pugui reunir-se en altres llocs.
Article 51. Nomenament dels membres de les Sindicatures Electorals Comarcals i d’Aran
1. Les Sindicatures Electorals Comarcals i d’Aran es nomenaran durant el segon dia següent al nomenament de la Sindicatura Electoral de Catalunya i es constitueixen el segon dia següent al seu nomenament. Un cop nomenats la Sindicatura Electoral de Catalunya farà inserir la relació de tots els vocals en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l'endemà.
2. Si algun dels designats per formar part d'aquestes Sindicatures pretengués concórrer a les eleccions ho comunicarà al respectiu secretari en el moment de la constitució inicial a l'efecte de la seva substitució, que es produirà en el termini màxim de quatre dies.
3. La convocatòria de les sessions constitutives de les Sindicatures Electorals Comarcals i d’Aran es fa pels seus secretaris, seguint les indicacions de la Sindicatura Electoral de Catalunya.
Article 52. Funcions de les Sindicatures Electorals Comarcals i d’Aran
1. Corresponen a les Sindicatures Electorals Comarcals i a la Sindicatura Electoral d’Aran en relació als processos electorals, les consultes populars i els processos de participació ciutadana en el seu àmbit territorial d’actuació, les competències següents:
Col·laborar en les funcions de formació, rectificació, conservació i compulsa del cens electoral per a cada procés electoral i de participació ciutadana.
Supervisar el trasllat, dels centres de logística electoral a les meses electorals, dels models oficials de butlletes de votació, sobres electorals, actes electorals, manuals de funcionament de les meses electorals, urnes electorals, i la resta de la documentació electoral oficial.
Rebre la informació sobre la disponibilitat d’espais públics per a la col·locació de publicitat electoral i per a la realització d’actes de campanya en els municipis del seu àmbit territorial d’actuació, i realitzar-ne l’assignació entre els actors habilitats per a cada procés electoral, consulta popular o procés de participació ciutadana d’acord amb la pràctica habitual.
Resoldre les consultes, queixes, reclamacions i recursos que se li adrecin.
Exercir la jurisdicció disciplinària sobre totes les persones que intervinguin amb caràcter oficial en els processos electorals i de participació ciutadana, corregir-ne les actuacions que contravinguin la normativa i sancionar-ne, si s’escau, les infraccions administratives no constitutives de delicte.
La resta de funcions que li atribueixi la legislació.
2. Corresponen a les Sindicatures Electorals Comarcals i a la Sindicatura Electoral d’Aran, en relació a les candidatures electorals en el seu àmbit territorial d’actuació, les competències següents:
Certificar la renúncia dels candidats en aplicació de les causes d’inelegibilitat.
Crear un registre públic dels programes electorals de les candidatures.
Acreditar als interventors electorals de les candidatures.
La resta de funcions que li atribueixi la legislació.
3. Corresponen a les Sindicatures Electorals Comarcals i a la Sindicatura Electoral d’Aran, en relació a les campanyes electorals, les consultes populars i els processos de participació ciutadana en el seu àmbit territorial d’actuació, les competències següents:
Organitzar i gestionar la tramesa conjunta de la informació electoral de les candidatures.
Crear un registre públic d’enquestes i sondejos electorals. Supervisar la difusió de les campanyes institucionals en els mitjans de comunicació.
La resta de funcions que li atribueixi la legislació.
4. Corresponen a les Sindicatures Electorals Comarcals i a la Sindicatura Electoral d’Aran, en relació a la millora de la qualitat democràtica en el seu àmbit territorial d’actuació, les competències següents:
Avaluar el funcionament del sistema electoral i dels processos de participació ciutadana i proposar millores.
Oferir assistència logística i organitzativa sobre processos electorals i de participació ciutadana als partits polítics, sindicats, cambres agràries i de comerç, col·legis professionals, universitats i organitzacions anàlogues que ho sol·licitin.
La resta de funcions que li atribueixi la legislació.
Article 53. Funcionament de les Sindicatures Electorals
1. La convocatòria de les sessions constitutives de les Sindicatures Electorals Comarcals i d’Aran es fa pels seus secretaris, seguint les indicacions de la Sindicatura Electoral de Catalunya.
2. Les Sindicatures Electorals es consideraran constituïdes amb 5 vocals en el cas de la Sindicatura Electoral de Catalunya i de 3 en les Sindicatures Electorals Comarcals i d’Aran.
3. Correspondrà als secretaris l'acompliment de les funcions que als mateixos atribueix la Llei de procediment administratiu en relació als òrgans col·legiats.
Article 54. Les seccions electorals
1. Les circumscripcions electorals estan dividides en seccions electorals
. 2. Cada secció inclou un màxim de dos mil electors i un mínim de cinc-cents. Cada terme municipal compta almenys amb una secció.
3. Cap secció comprèn àrees pertanyents a diferents termes municipals.
4. Els electors d'una mateixa secció es troben ordenats per ordre alfabètic en les llistes electorals.
5. En cada secció hi ha una mesa electoral.
6. No obstant, quan el nombre d'electors d'una secció o la disseminació de la població ho faci aconsellable, l'Oficina del Cens Electoral de Catalunya pot disposar la formació d'altres meses i distribuir entre elles l'electorat de la secció. Per al primer supòsit, l'electorat de la secció es distribueix per ordre alfabètic entre les meses, que deuen situar-se preferentment en espais separats dintre del mateix col·legi.
7. A l’hora de seleccionar les seus del col·legis electorals i la ubicació de les meses, s’haurà de tenir en compte les disposicions vigents en matèria de barreres arquitectòniques.
Article 55. Nombre i límits
1. L’Oficina del Cens Electoral de Catalunya determinarà el nombre, els límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna de les circumscripcions.
2. La relació anterior haurà de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el tercer dia posterior a la convocatòria i exposada al públic en els espais i pels mitjans que es considerin adequats.
3. En els dos dies següents, els electors poden presentar reclamacions contra la delimitació efectuada, davant la Sindicatura Electoral Comarcal, que resoldrà en ferm sobre elles en un termini de dos dies.
4. En els cinc dies anteriors al dia de la votació es publicarà la relació definitiva de seccions, meses i locals electorals i s'exposarà al públic en els espais i pels mitjans que es considerin adequats.
Article 56. Les meses electorals
1. La mesa electoral està formada per un president i dos vocals. 2. En el supòsit de concurrència d'eleccions, la mesa electoral és comuna per a totes elles.
3. La formació de la meses correspon a la Oficina del Cens Electoral de Catalunya, sota la supervisió de la Sindicatura Electoral de Catalunya.
4. El president i els vocals de cada mesa són designats per sorteig públic entre la totalitat de les persones censades en la secció corresponent, que siguin menors de seixanta-cinc anys i que sàpiguen llegir i escriure. El president haurà de tenir el títol de batxiller o el de formació professional de segon grau, o subsidiàriament el de graduat escolar o equivalent.
5. Es procedeix de la mateixa forma al nomenament de dos suplents per a cadascun dels membres de la mesa.
6. Els sorteigs abans esmentats es realitzaran entre els dies cinquè i novè posteriors a la convocatòria.
7. Els càrrecs de president i vocal de les meses electorals són obligatoris. No poden ser ocupats per qui es presenti com a candidat.
8. La designació com a president i vocal de les meses electorals ha de ser notificada als interessats en el termini de dos dies. Amb la notificació es lliurarà als membres de les meses un manual d'instruccions sobre les seves funcions supervisat i aprovat per la Sindicatura Electoral de Catalunya.
Article 57. El Cens electoral
1. El cens electoral conté la inscripció de les persones que compleixen els requisits per a ésser electors i no estan privades, definitivament o temporalment, del dret de sufragi.
2. El cens electoral està compost pels electors residents a Catalunya i pels electors residents a l’exterior que compleixen els requisits legalment exigibles per a exercir el dret de vot. Cap elector no pot figurar inscrit simultàniament en ambdós censos.
3. La inscripció en el cens no exigeix autorització prèvia per part del ciutadà.
4. El cens electoral s’ordena per seccions censals i cada elector està inscrit en una secció censal. Ningú no pot estar inscrit en diverses seccions ni diverses vegades en la mateixa secció.
Article 58. Consultes, queixes o incidències
1. Els electors hauran de formular les consultes a la Sindicatura Electoral Comarcal que correspongui al seu lloc de votació.
2. Els partits polítics, federacions o coalicions i agrupacions d'electors, podran elevar consultes a la Sindicatura Electoral de Catalunya quan es tracti de qüestions de caràcter general que puguin afectar a més d'una Sindicatura Electoral Comarcal. En els altres casos, les consultes cal presentar-les davant de la Sindicatura Electoral Comarcal corresponent, sempre que a la seva respectiva jurisdicció correspongui l'àmbit de competència del consultant.
3. Les consultes es formularan per escrit i es resoldran per la Sindicatura competent, tret que aquesta, per la importància de les mateixes, segons el seu criteri, o per estimar convenient que es resolgui amb un criteri de caràcter general, decideixi elevar-la a la Sindicatura Electoral de Catalunya.
4. Quan la urgència de la consulta no permeti procedir a la convocatòria de la Sindicatura Electoral territorial corresponent i en tots els casos que existeixin resolucions anteriors i concordants de la pròpia Sindicatura Electoral territorial corresponent o de la Sindicatura Electoral de Catalunya, els Síndics podran donar una resposta provisional, sense perjudici de la seva ratificació o modificació en la primera sessió que realitzi la Sindicatura Electoral territorial corresponent.
5. La Sindicatura Electoral de Catalunya comunicarà a les Sindicatures Electorals Comarcals i d’Aran totes les consultes que resolgui amb l’objectiu d’unificar criteris.
6. Les Sindicatures Electorals Comarcals i d’Aran hauran de procedir a publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya les seves resolucions o el contingut de les consultes elevades, per ordre del seu president, quan el caràcter general de les mateixes ho faci convenient. En tot cas es publicaran les emanades de la Sindicatura Electoral de Catalunya i que siguin comunicades a les Sindicatures Electorals Comarcals i d’Aran.
7. Els titulars de drets subjectius i interessos legítims poden presentar queixes o incidències davant les Sindicatures Electorals Comarcals o d’Aran que pertoqui per raó del seu àmbit territorial d’actuació en el termini de dos dies des que es produeixin, es coneguin o es poguessin conèixer els fets en els quals es basen. . Quan una qüestió rellevant afecti el conjunt de Catalunya, la Sindicatura Electoral Comarcal o d’Aran podrà elevar el cas a la Sindicatura Electoral de Catalunya. Tres vocals d’aquesta Sindicatura decidiran sobre l’admissió o el retorn i en coneixeran sobre el fons.
Article 59. Recursos administratius-electorals
1. Els titulars de drets subjectius i interessos legítims poden presentar recurs davant de la Sindicatura Electoral de Catalunya contra:
a) totes les resolucions de les Sindicatures Electorals,
b) les resolucions de la Sindicatura Electoral de Catalunya que coneguin en primera instància queixes, consultes o incidències. En aquests casos, tres vocals, dos dels quals diferents als que han conegut en primera instància, coneixen sobre l’admissió i, si s’admet a tràmit, el ple de la Sindicatura coneix sobre el fons.
2. El recurs s’ha de presentar en el termini de dos dies des que es produeixi, es conegui o es pogués conèixer la resolució que el desencadena. La resolució s’ha de produir en el termini el més breu possible, no podent excedir de cinc dies, i aquesta resolució esgota la via administrativa.
Article 60. Recursos contenciosos-electorals
1. Contra les resolucions que esgotin la via administrativa-electoral es pot interposar recurs davant la Sala Suprema de garanties del Tribunal Suprem, d’acord amb la legislació electoral i la legislació de la jurisdicció contenciosaadministrativa.
2. El recurs s’ha de presentar en el termini de dos dies des que es produeixi, es conegui o es pogués conèixer la resolució objecte de recurs. La resolució s’ha de produir en el termini més breu possible, no podent excedir de cinc dies.
Capítol 5. Altres institucions
Article 61. El Consell de Garanties Democràtiques
1. El Consell de Garanties Estatutàries passa a anomenar-se Consell de Garanties Democràtiques. Exercirà les funcions de control d’adequació a aquesta Llei dels projectes i proposicions de llei que tramiti el Parlament, i dels decrets legislatius aprovats pel Govern.
2. Els dictàmens tindran caràcter vinculant en relació amb els projectes i proposicions de llei que desenvolupin o afectin drets reconeguts en aquesta Llei.
3. La composició i el funcionament del Consell de Garanties Democràtiques es regeix per allò establert a l’art. 77 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la normativa de desenvolupament.
Article 62. El Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya
1. El Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya es regeixen per allò que estableixen els articles 78, 79, 80, 81 i 82 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Capítol 6. El govern local
Article 63. Autonomia local
Les disposicions de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya relatives a la garantia de l’autonomia local conserven el seu rang supra legal.
Article 64. Organització i competències
L’organització i les competències del govern local de Catalunya, inclòs el Consell de Governs Locals, es regeix per allò que disposen els articles 83 a 93 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en els termes establerts en aquesta Llei i en tot allò que no s’hi oposa.
TÍTOL V. Poder judicial i administració de justícia
Article 65. Principis generals
El Poder Judicial està integrat per jutges i magistrats que actuen amb independència, inamobilitat, imparcialitat i responsabilitat i que estan subjectes únicament a la llei i al dret. Article 66. Continuïtat de l’organització, la planta i les lleis processals
1. Mentre el Parlament no aprovi una llei del poder judicial i de l’administració de justícia, es continua aplicant a Catalunya l’organització i la planta judicials i les lleis processals existents en el moment d’entrar en vigor aquesta Llei, amb les modificacions que s’estableixen en aquest Títol i en la normativa que la desenvolupi.
2. Els ordres jurisdiccionals del sistema judicial de Catalunya són el civil, el penal, el contenciós administratiu i el social.
3. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es converteix en el Tribunal Suprem de Catalunya, òrgan judicial superior en tots els ordres, en el qual culmina l’organització judicial de Catalunya.
4. El president o presidenta del Tribunal Suprem és nomenat pel president o presidenta de la Generalitat a proposta de la Comissió Mixta prevista a l’article 72.
Article 67. Ministeri Fiscal
1. El Ministeri Fiscal promou l’acció de la Justícia en defensa de la legalitat, dels drets dels ciutadans i de l’interès públic, vetlla per la independència dels tribunals i procura davant d’aquests la satisfacció de l’interès social.
2. El o la Fiscal general de Catalunya és nomenat pel Parlament a proposta del Govern de la Generalitat, una vegada escoltada la Sala de Govern del Tribunal Suprem.
3. El Ministeri Fiscal s’organitza segons el principi de jerarquia i actua amb unitat d’acció i independència respecte la resta de poders públics, sotmès als principis de legalitat i imparcialitat.
4. Mentre no s’aprovi una legislació pròpia en aquesta matèria, es continua aplicant a Catalunya la legislació sobre el Ministeri Fiscal existent en el moment d’entrar en vigor aquesta Llei, amb les modificacions que s’estableixen en aquest Títol i en la normativa que s’hi habilita.
Article 68. Continuïtat de les places
1. Els jutges, magistrats, fiscals i lletrats de l’administració de justícia que al llarg dels tres anys anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta llei hagin ocupat plaça en els òrgans judicials i la fiscalia de Catalunya, continuen en les seves places, mantenint llurs drets econòmics i professionals, llevat que renunciïn a la integració. Els que hagin ocupat plaça menys de tres anys, poden exercir el dret d’integració, sol·licitant-la d’acord amb el procediment que estableix la legislació que desenvolupa aquest article.
2. La Sala de Govern del Tribunal Suprem designa, en la forma que estableixi la llei, els jutges i magistrats que hagin de cobrir les places de nova creació i les corresponents als concursos de trasllat i a les vacants. Per cobrir places vacants pot designar interinament suplents i substituts, que compleixin els requisits que estableixi la llei i els reglaments que dicti la Sala de Govern.
3. Els fiscals i els lletrats de l’Administració de Justícia són designats, en la forma que estableixi la llei, pel departament competent en matèria de justícia. El departament, per cobrir places vacants, pot designar internament suplents i substituts, que compleixin els requisits que estableixi la legislació.
4. Els jutges, magistrats, fiscals i lletrats de l’Administració de Justícia que pertanyin als cossos corresponents de l’Estat espanyol podran concursar a les places que es convoquin.
Article 69. Funcions de suport i gestió
El Govern de la Generalitat, a través del departament competent en matèria de Justícia, exerceix les funcions de suport i de gestió de l’Administració de Justícia que no estigui atribuïdes a altres òrgans.
Article 70. El govern del poder judicial Mentre no s’aprovi la Constitució, el govern del poder judicial és exercit, en els termes que s’estableixen en els articles següents, per la Sala de Govern del Tribunal Suprem i per una Comissió Mixta formada paritàriament per la Sala de Govern del Tribunal Suprem i el Govern de la Generalitat.
Article 71. La Sala de Govern del Tribunal Suprem
1. La Sala de Govern del Tribunal Suprem es constitueix pel President del Tribunal Suprem, que la presideix, els presidents de Sala del Tribunal Suprem, els presidents de les audiències provincials i cinc magistrats o jutges elegits pel Parlament per majoria absoluta entre tots els membres de la carrera judicial.
2. El Govern de la Generalitat dota la Sala de Govern del Tribunal Suprem amb els mitjans personals, tècnics, administratius i financers necessaris per a exercir les seves funcions.
3. Les funcions en matèria de govern judicial de la Sala de Govern del Tribunal Suprem són:
Ser escoltada abans del nomenament del Fiscal General de Catalunya.
Proposar el nomenament dels jutges i magistrats, després dels corresponents processos selectius.
Resoldre les destinacions de jutges i magistrats, a partir dels corresponents concursos.
Proposar el nomenament dels jutges i magistrats suplents i substituts.
Resoldre sobre els ascensos i situacions administratives de jutges i magistrats.
Inspeccionar els òrgans judicials.
Aplicar el règim disciplinari dels jutges i magistrats.
Impartir instruccions als òrgans de govern dels jutjats i tribunals en les matèries de la competència d’aquests i resoldre els recursos d’alçada.
Exercir la potestat reglamentària en matèria de publicitat de les actuacions judicials, fixació de calendari i d’horaris d’audiència, repartiment d’assumptes i ponències, guàrdies, els aspectes complementaris de l’estatut dels jutges i magistrats i les matèries que li atribueix aquesta Llei o la legislació que la desenvolupi.
Determinar la càrrega de treball dels òrgans judicials.
Proposar mesures de reforç dels òrgans judicials. Informar els expedients de responsabilitat patrimonial per l’anormal funcionament de l’Administració de Justícia.
Informar els avantprojectes de llei i les disposicions generals sobre matèries que afectin l’Administració de Justícia.
Remetre al Parlament, anualment, una memòria sobre l’estat de l’Administració de Justícia i les seves necessitats, amb les propostes que consideri convenients.
Les altres que li atribueixi aquesta Llei i la legislació que la desenvolupi.
Article 72. La Comissió Mixta
1. La Comissió Mixta de la Sala de Govern del Tribunal Suprem i del Govern de Catalunya està formada pel president o presidenta del Tribunal Suprem, que la presideix, pel conseller o consellera amb competència en l’àmbit de justícia del Govern de la Generalitat, que n’exerceix la vicepresidència, per quatre membres de la Sala de Govern, designats per ella mateixa, i per quatre persones designades pel Govern.
2. La Comissió Mixta exerceix les funcions següents:
Proposar el nomenament del president o presidenta del Tribunal Suprem entre juristes de reconeguda competència, amb més de vint anys d’exercici professional.
Proposar el nomenament dels presidents de les Sales Civil, Penal, Contenciosa Administrativa i Social del Tribunal Suprem i dels presidents de les audiències provincials.
Participar en els processos selectius de jutges i magistrats, en els termes que fixi la llei.
Establir els programes de formació i perfeccionament judicials.
Publicar oficialment les sentències i altres resolucions judicials.
Regular i gestionar l’Escola Judicial o l’òrgan que assumeixi aquesta funció.
Regular i gestionar el centre responsable de la documentació judicial.
Exercir la potestat reglamentària en matèria d’especialització dels òrgans judicials i d’actuació dels òrgans judicials en l’àmbit de la cooperació judicial interna i internacional.
Establir els estàndards tècnics informàtics i de comunicació judicial.
Establir els sistemes d’organització i de mesurament del treball dels òrgans judicials.
Les altres que li atribueixi aquesta Llei i la normativa que la desenvolupi.
3. La Comissió Mixta prevista en aquest article es constituirà seguint els passos següents:
El Parlament, en el termini màxim de cinc dies a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, designa, per majoria absoluta, els presidents de Sala del Tribunal Suprem entre els membres del Tribunal Suprem, i els cinc membres electes indicats a l’article 71.1. Una vegada nomenats els presidents o presidentes de Sala del Tribunal Suprem, i en el termini màxim de dos dies, es constitueix la Sala de Govern del Tribunal Suprem prevista en l’article 71. La Sala de Govern es pot constituir amb set dels seus membres. La presidència provisional del Tribunal Suprem correspon al President de la Sala civil.
La Sala de Govern del Tribunal Suprem designa en la seva sessió constitutiva els quatre membres de la Comissió mixta que li corresponen.
El president o presidenta provisional del Tribunal Suprem convoca, per al dia després de la sessió constitutiva, la Comissió mixta per a la seva constitució. En la reunió constitutiva es proposa el nomenament del president del Tribunal Suprem.
Si no es compleixen aquests terminis, el Parlament pot elegir, per majoria absoluta, el president o presidenta del Tribunal Suprem.
Article 73. Composició del Tribunal Suprem
1. El Tribunal Suprem es compon d’una Sala Superior de Garanties, una Sala Civil, una Sala Penal, una Sala Contenciosa Administrativa i una Sala Social.
2. La Sala Superior de Garanties es compon de set magistrats.
3. La resta de Sales mantenen la composició del Tribunal Superior de Justícia en el moment d’entrada en vigor d’aquesta Llei, excepte la Sala Civil-Penal que es desdobla en la Sala Civil i una Sala Penal.
4. La Sala Civil i la Sala Penal es componen de deu magistrats cadascuna. El President del Tribunal Suprem, escoltats els presidents d’aquestes dues Sales, distribuirà els magistrats entre les dues Sales. 5. Totes les Sales actuen en formació reduïda de tres magistrats, llevat en els casos de formació estesa, que ho faran amb un mínim de cinc magistrats. Les Sales actuen, tant en formació reduïda com en formació estesa, sense necessitat d’esperar que tots els membres de la Sala respectiva hagin estat nomenats.
Article 74. Sala Superior de Garanties
1. La Sala Superior de Garanties es compon pel president del Tribunal Suprem, que la presideix, els presidents o presidentes de les Sales Civil, Penal, Contenciosa Administrativa i Social del Tribunal Suprem i dos magistrats, designats pel Parlament per majoria absoluta entre juristes de reconeguda competència, amb quinze anys d’exercici professional.
2. La Sala Superior de Garanties té competència per a conèixer: Els recursos d’empara dels drets fonamentals. Els conflictes de jurisdicció entre òrgans judicials i l’administració i entre ordres jurisdiccionals. Les impugnacions especials de reexamen que regula l’apartat 3 d’aquest article. Els recursos electorals. La resta d’assumptes que li atribueixi la normativa que desenvolupi aquesta Llei.
3. Les resolucions fermes de qualsevol òrgan judicial que siguin contràries a aquesta Llei poden ser impugnades a fi de ser reexaminades per aquest motiu directament per les parts, en el termini de dos mesos, o pel Ministeri Fiscal, en el termini de quatre mesos, davant la Sala Superior de Garanties. Aquesta impugnació es tramita amb caràcter urgent d’acord amb l’article 514 de la Llei d’Enjudiciament Civil, llevat de la vista, que la Sala pot convocar facultativament. Si la Sala estima el reexamen, dicta sentència sobre el fons. Excepcionalment, pot retornar les actuacions al tribunal del qual procedeixen perquè dicti nova resolució d’acord amb el que disposa la sentència de la Sala Superior de Garanties. La Sala Superior de Garanties pot adoptar mesures cautelars, inclosa la suspensió de la resolució impugnada, d’ofici o a instància de les parts o del Ministeri Fiscal.
4. La Sala Superior de Garanties pot inadmetre a tràmit qualsevol assumpte que se li sotmeti en virtut de les competències indicades a les lletres a i c de l’apartat 2 d’aquest article si no té la suficient transcendència jurídica o social.
Article 75. Procediment preferent i recurs d’empara.
1. Per a la protecció dels drets de l’article 22 d’aquesta Llei, s’estableix en tots els ordres jurisdiccionals un procediment especial de tramitació preferent i de cognició limitada a la infracció del dret. Aquest procediment segueix la tramitació establerta a la legislació vigent a l’entrada en vigor d’aquesta Llei
. 2. Contra les resolucions judicials que posin fi a les vies judicials procedents, incloses les de les Sales del Tribunal Suprem, es pot interposar recurs d’empara davant la Sala Superior de Garanties en els supòsits previstos en l’article 27.5 d’aquesta Llei.
3. El recurs d’empara segueix el procediment del recurs de cassació en l’àmbit civil, amb intervenció en tot cas del Ministeri Fiscal. La Sala Superior de Garanties té la facultat de seleccionar els assumptes de què coneix en funció de la seva transcendència jurídica i social.
Article 76. Ordre jurisdiccional civil
1. Els recursos de cassació i extraordinari per infracció processal es refonen en un únic recurs de cassació, que podrà ser interposat pels motius de l’article 469 de la Llei d’Enjudiciament Civil, i serà tramitat exclusivament a través del procediment del recurs de cassació de la Llei d’Enjudiciament Civil modificat per la Llei 4/2012 del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya. Això no obstant, es continua aplicant l’article 476 de la Llei d’Enjudiciament Civil.
2. El Tribunal Suprem coneix, amb caràcter exclusiu, del recurs de cassació i de la revisió.
Article 77. Ordre jurisdiccional penal
1. Els jutjats i tribunals competents per la primera i la segona instància, en instrucció, enjudiciament i per l’execució mantenen la seva competència actual i l’estenen també als casos actualment competència de l’Audiència Nacional d’acord amb la competència objectiva i territorial.
2. La Fiscalia de menors actuarà instruint les causes en la jurisdicció especialitzada de menors. 3. La Sala Penal del Tribunal Suprem de Catalunya coneix de la instrucció, amb un sol magistrat, i la primera instància, en Sala reduïda, que abans corresponia a la Sala Civil i Penal del Tribunal de Justícia de Catalunya i de l’apel·lació de les Sentències de les Audiències.
4. Contra les sentències dictades en segona instància pel Tribunal Suprem de Catalunya, s’admet recurs de cassació davant el propi Tribunal Suprem en composició estesa, sense la presència dels Magistrats que hagin dictat la Sentència recorreguda.
5. La Sala Penal en composició estesa també coneix de l’enjudiciament dels delictes comesos pels membres del Tribunal Suprem, inclòs el president o presidenta, i dels recursos de revisió.
Article 78. Ordres jurisdiccionals contenciós administratiu i social
1. Els jutjats i tribunals competents per a la primera i segona instància i per l’execució mantenen la seva competència actual i l’estenen, també en primera i segona instància, els casos actualment competència de l’Audiència Nacional.
2. Contra les sentències dictades en primera instància pel Tribunal Suprem de Catalunya s’admet recurs de cassació ordinari davant el propi Tribunal Suprem en composició estesa, sense la presència dels magistrats que hagin dictat la sentència recorreguda.
Article 79. Pròrroga, sobreseïment i anul·lació
1. Queden prorrogats automàticament durant dos mesos, a comptar des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, els terminis per a interposar accions i recursos davant d’òrgans judicials de fora de Catalunya, a l’efecte de poder-los interposar davant dels òrgans judicials catalans competents.
2. Els casos que segons l’ordenament jurídic anterior a la successió siguin o haguessin estat competència de l’Audiència Nacional, del Tribunal Suprem o de qualsevol altre òrgan judicial espanyol fora del territori de Catalunya, inclòs el Tribunal Constitucional només amb relació als recursos d’empara, seran assumits immediatament, segons correspongui, en instrucció, primera instància, segona instància, cassació i execució pels òrgans judicials catalans en funció de la seva competència objectiva i territorial. Aquesta assumpció seguirà les regles següents: Les parts disposaran d’un termini de dos mesos per a presentar tota la documentació de que disposin davant dels tribunals catalans competents. Els tribunals competents continuaran els processos en l’estat de tramitació que permeti la documentació rebuda sense causar indefensió de les parts. En cas que sigui necessari per evitar situacions d’indefensió, es reprendran les actuacions des de l’inici del procediment corresponent.
Les resolucions que siguin fermes abans del traspàs mantindran aquesta condició. El traspàs de les actuacions queda exempt de qualsevol taxa judicial. 3. El Govern de Catalunya proposarà a l’Estat espanyol la signatura d’un acord de cooperació judicial. 4. Els jutjats i tribunals sobreseuen o anul·len els processos penals contra investigats o condemnats per conductes que cerquessin un pronunciament democràtic sobre la independència de Catalunya o la creació d’un nou Estat de manera democràtica i no violenta.
TÍTOL VI. Finances
Article 80. Autoritat tributària i de seguretat social
1. La Generalitat és l’autoritat que exigeix al territori de Catalunya tots els tributs i totes les quotes i obligacions de tot tipus del sistema de seguretat social i de classes passives, així com qualsevol altre ingrés de dret públic, sense perjudici de les facultats atribuïdes per la Llei als ens locals. També realitza les actuacions derivades de l’aplicació dels tractats i convenis internacionals en matèria tributària, duanera i de seguretat social.
2. La Generalitat pot establir mecanismes de coordinació, col·laboració o cooperació amb altres administracions públiques i amb entitats i associacions, públiques o privades, per a l’aplicació dels tributs i la recaptació dels ingressos públics.
Article 81. Protecció dels obligats tributaris i dels cotitzants al sistema de seguretat
1. La Generalitat adopta les mesures necessàries per tal que les persones i entitats que hagin complert les seves obligacions tributàries i de cotització al sistema de seguretat social d’acord amb les previsions d’aquesta Llei i la resta de l’ordenament jurídic català, no pateixin conseqüències econòmiques negatives ni mesures sancionadores.
2. La Generalitat adopta les mesures necessàries per tal que no pateixin conseqüències econòmiques negatives les persones i entitats perjudicades en la seva relació amb la Hisenda Pública per l’acció d’un tercer que incompleixi les obligacions tributàries establertes en aquesta Llei i en la resta de l’ordenament jurídic català.
Article 82. Drets i obligacions econòmiques i financeres
L’Estat català succeeix el Regne d’Espanya en el drets i obligacions de caràcter econòmic i financer en els termes que s’acordin amb aquest, i els que es derivin d’acords amb tercers. Continua en la posició de la Generalitat en la totalitat de drets i obligacions de caràcter econòmic i financer i en garanteix el seu exercici i compliment.
Article 83. Pressupostos
Als Pressupostos de la Generalitat els hi serà aplicable l’article 212 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en els termes establerts en aquesta Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República i en tot allò que no s’hi oposi.
Article 84. Autoritats Duanera i Cadastral
1. La Generalitat exerceix l’autoritat duanera en el territori de Catalunya i actua d’acord amb el règim duaner i aranzelari derivat del dret de la Unió Europea.
2. La Generalitat exerceix l’autoritat cadastral en el territori de Catalunya i gestiona i manté el cadastre en col·laboració amb els ens locals.
TÍTOL VII. Procés constituent
Article 85. Activació i característiques fonamentals
Una vegada celebrat el referèndum i en cas de resultat favorable de l’opció independentista, el Govern de la Generalitat activarà un procés constituent, democràtic, de base ciutadana, transversal, participatiu i vinculant, amb l’objectiu de redactar i aprovar la Constitució de la República.
Article 86. Fases del procés
El procés constituent consta de tres fases successives: una primera, de procés participatiu; una segona, d’eleccions constituents i d’elaboració d’una proposta de Constitució per part de l’Assemblea Constituent; una tercera, de ratificació de la Constitució per mitjà d’un referèndum.
Article 87. Procés participatiu
1. El Parlament empararà les diferents fases del procés, vetllant pel desplegament de la fase participativa que tindrà lloc durant els sis mesos posteriors a la proclamació dels resultats del referèndum. Aquesta constarà d’un procés deliberatiu a nivell sectorial i territorial, i la subsegüent convocatòria d’un Fòrum Social Constituent format per representants de la societat civil i dels partits polítics.
2. El Govern crearà un Consell assessor format per experts acadèmics, a nivell nacional i internacional, per tal d’assessorar en la fase deliberativa constituent liderat per la societat civil organitzada.
3. El Fòrum Social Constituent, recollint els debats de la fase deliberativa, ha de debatre i formular un conjunt de preguntes sobre els principis i qüestions generals de la futura Constitució, que hauran d’ésser resoltes per la ciutadania mitjançant un procés de participació ciutadana. El resultat d’aquesta participació ciutadana constituirà un mandat que vincula políticament l’Assemblea constituent, la qual els articula jurídicament i, si cal, els harmonitza i sistematitza.
Article 88. L’Assemblea constituent
1. Acabat el procés participatiu, el President o presidenta de la República dissol el Parlament i convoca eleccions constituents. L’Assemblea constituent es compon del mateix nombre de membres que el Parlament dissolt. S’elegeixen seguint el règim electoral ordinari.
2. L’Assemblea constituent disposa de plens poders per a redactar una proposta de Constitució, la qual s’ha d’aprovar per majoria de 3/5 dels membres del Ple en votació final sobre el conjunt del text. Si no s’assoleix aquesta majoria, en la segona votació és suficient la majoria absoluta; si no s’obté se segueix deliberant i sotmetent a votació noves propostes fins assolirla. Cap de les decisions de l’Assemblea constituent, en exercici del poder constituent, seran susceptibles de control, suspensió o impugnació per cap altre poder, jutjat o tribunal.
3. L’Assemblea constituent es regeix pel que disposa aquesta Llei i, supletòriament, pel que disposa el Reglament del Parlament de Catalunya.
4. L’Assemblea constituent assumeix la resta de les funcions, facultats i obligacions del Parlament, inclosa l’elecció del president o presidenta de la República, d’acord amb el que disposa aquesta Llei.
Article 89. Ratificació per referèndum
1. Aprovada la proposta de Constitució, se sotmet a ratificació per referèndum.
2. Si la proposta de Constitució és ratificada per la ciutadania, es dissol l’Assemblea constituent de forma immediata i es procedeix a convocar eleccions per a la conformació del nou sistema institucional establert per la Constitució.
3. Fins a la constitució de les noves institucions, la diputació permanent, fiscalitza la creació del nou entramat institucional i assumeix transitòriament les funcions, facultats i obligacions del Parlament.
Disposicions finals
Disposició final primera Reforma de la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República
Aquesta Llei es pot reformar, sempre que s’indiqui de manera expressa aquesta circumstància a la llei que introdueix la reforma, amb el vot favorable de la majoria absoluta de membres del Parlament.
Disposició final segona
Les sol.licituds de nacionalitat previstes als articles 7 i 8 s’hauran de resoldre abans de la convocatòria de les eleccions constituents i d’acord amb les disposicions reglamentàries que estableixi el Govern.
Disposició final tercera
Aquesta Llei entrarà en vigor una vegada sigui aprovada pel Parlament de Catalunya, se’n faci la publicació oficial i es compleixi allò que disposa l’article 4.4 de la Llei del referèndum d’autodeterminació de Catalunya.
-------------------------
El Artículo 155 de la Constitución
"1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas."
Ysu aplicación
El Senado tiene la llave de este artículo pensado para la situaciones extremas
ELMUNDO MARISA CRUZ Madrid 2/02/2017 http://www.elmundo.es/espana/2017/02/02/58931affe2704e9f248b4623.html
El artículo 155 de la Constitución española, incluido en el título VIII sobre la organización territorial del Estado, constituye, según los expertos constitucionalistas, el «medio de control, de carácter excepcional, que complementa al ordinario recogido en el artículo 153, de la actividad de las CCAA».
Está previsto para situaciones «extremas», es decir, aquellas en las que una comunidad incumple las obligaciones impuestas por la Carta Magna o las leyes «atentando gravemente al interés general de España».
Este artículo está inspirado, como señala el profesor Mariano Bacigalupo, en la figura de la «coerción federal» prevista en el artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn. No contempla, como sí sucede en otros Estados federados, la suspensión o disolución de los órganos de la comunidad incumplidora. En este caso, de lo que se trata es de adoptar medidas para el cumplimiento forzoso de las obligaciones.
La diferencia entre el artículo 155 español y el 37 alemán reside en que en el primero, la situación de conflicto debe atentar gravemente al interés general de toda la nación. No basta con el mero incumplimiento de las leyes. [Sí basta] Este supuesto evidentemente se daría en el caso de un intento de secesión puesto que la misma afectaría a la integridad territorial del Estado, y a los principios de unidad y soberanía nacional que constituyen el núcleo de la Carta Magna.
En el 155 se prevé además un primer paso que implica el requerimiento a las autoridades de la comunidad incumplidora para que atiendan sus obligaciones legales. En caso de que dicho apercibimiento fuera desoído, las medidas a adoptar por el Estado deberían ser aprobadas por la mayoría absoluta del Senado. No sería, sin embargo necesario que medie una declaración de incumplimiento por parte del Tribunal Constitucional, aunque muy probablemente el Gobierno de Mariano Rajoy la requeriría.
Ni en España ni en Alemania se ha activado un precepto tan excepcional. En el caso español, el procedimiento de aplicación del artículo 155 en su fase parlamentaria está recogido en el artículo 189 del reglamento del Senado.
En virtud del mismo, el Gobierno deberá presentar ante el presidente de la Cámara un escrito en el que manifieste el contenido y alcance de las medidas a aplicar, así como la justificación de haber realizado el correspondiente requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma afectada, y el incumplimiento de ésta.
La Mesa del Senado remitirá esta documentación a la Comisión General de las Comunidades Autónomas que requerirá al presidente de la comunidad implicada a remitir en plazo las alegaciones que considere oportunas y designe a una persona para que ejerza su representación.
La Comisión emitirá un dictamen razonado sobre si procede o no aprobar la solicitud del Gobierno central, incluyendo los condicionantes y precisiones que crea oportunos. El Pleno de la Cámara debatirá y votará la propuesta, siendo necesario para la aprobación el voto de la mayoría absoluta de los senadores