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Relaciones internacionales e integración europea (CEE, UE, OTAN, Guerras del Golfo y Guerra de los Balcanes)

Franco hace que su gobierno presente en 1962 a la CEE, las Comunidades Europeas, después llamada Unión Europea (UE) la solicitud de “una asociación susceptible de llegar en su día a la plena integración" a sabiendas de que estaba vigente en dichas Comunidades la doctrina Birckelbach que exigía para ser miembro tener un sistema demócrataliberal con partidos políticos, cuyo objetivo es ser la Europa del europeísmo, que es contraria a la Europa de la Cristiandad, porque el núcleo del europeísmo es el laicismo liberal y socialista enemigo de la Cristiandad

Esa solicitud de 1962 es la conexión del régimen de Franco con el europeísmo y marca el inicio de la transición. Desde entonces se intensifica el europeísmo que será la palanca principal de la transición a la actual democracia, enraizada en el laicismo liberal y socialista.

La presentación en 1962 por el gobierno de Franco de la solicitud de "asociación susceptible de llegar, en su día, a la plena integración" a la Comunidad Económica Europea, CEE, hoy UE, a sabiendas de que en dicha CEE estaba vigente ya en ese año la doctrina Birckelbach que exigía tener un régimen demoliberal de partidos políticos para la integración en ella como estado miembro,
señala que en 1962 comenzó la transición al régimen actual, para llegar a ello "en su día" que no fue en 1962/1975, sino que fue en 1978/1982. Así como la llegada a la plena integración en la futura UE no ocurrió en 1962/1975, sino en 1985/1986.

1 de abril de 1969, en una declaración publicada en todos los periódicos de la época, Franco dice que incluye a España en la órbita del capitalismo liberal. Supera así la Ley de Principios del Movimiento de 1958.

Franco promulga sucesivas amnistías y particularmente la de 1969 por la que prescriben todos los crímenes cometidos durante la Guerra de 1936, incluida la matanza de Paracuellos.

Franco, también en 1969, trasmite al Presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, por medio del general Vernon Walters, que se implantará la democracia en España tras su presente régimen.

Ya a fines de 1960, el Ministro de Comercio, Alberto Ullastres, escribe al Ministro de Exteriores, Fernando María Castiella, una carta en la que le expresa la necesidad de dar un paso adelante. Considera que: “en los últimos meses, con el Plan de Estabilización y el nuevo Arancel recién estrenados, la táctica más prudente era la de esperar los acontecimientos sin adoptar decisión. Pero dado que tanto el Mercado Común como la EFTA dan muestras de dinamismo que cada vez los alejan más de nosotros se debería avanzar enviando una nota verbal a ambos organismos, en la que a título de información y sin prejuzgar la postura española definitiva, se preguntara sobre la acogida que se prestaría a España en caso de solicitar su ingreso”.

A mediados de 1961 ... el peligro de aislamiento de España de su entorno europeo vuelve a provocar escalofríos en el Palacio de Santa Cruz. La alarma se produce tras el cambio de postura de Gran Bretaña ante el Mercado Común, con lo que se zanja la disyuntiva entre la EFTA y la CEE a favor de los Seis

Desde el giro británico el calendario de la CEE preveía negociaciones con todos los países europeos (Gran Bretaña, Dinamarca, Irlanda, Austria, Suiza, Suecia, Portugal, Grecia, Turquía, Noruega…) quedando al margen, de momento, sólo España e Islandia.

En un informe de la Dirección General de Organismos Internacionales de octubre de 1961 ante la perspectiva de apertura de negociaciones de la CEE con casi todos los países europeos, se dice:

"Al ser España el único país europeo que quedaría fuera del Mercado Común, su posición negociadora resultaría tan débil, que la negociación se transformaría en un verdadero diktat"

Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la CEE expresaban la voluntad de unión política de los Seis en la “Declaración de Bonn” de 1961en la que se manifestaron dispuestos a caminar hacia adelante por el camino de la unidad de Europa encargando la redacción de propuestas para dar carácter estatuario a la “Unión de los Pueblos Europeos”. La Declaración de Bonn influyó en la elaboración de la doctrina de asociación y adhesión, ya que se decidió que aquellos países que solicitasen la adhesión o la asociación al Tratado de Roma tendrían que comprometerse con su contenido político

En diciembre de 1961 fue aprobado el informe Birkelbach, elaborado por la Comisión Política de la Asamblea parlamentaria, que contenía las orientaciones que constituían la doctrina oficial de la Comunidad para negociar las solicitudes de adhesión y asociación. Se publicó el 15 de enero de 1962.
(SENANTE, Heidy, pg 114, nota 43)

Con ello se hacía saber que la voluntad de acercamiento de los sistemas político e institucional de los países signatarios del Tratado de Roma era firme. Circunstancia que no favorecía en nada la posición española. Igualmente nada beneficiosos para las expectativas españolas serían los avances de la Comunidad en el terreno económico... (ibid)

"Franco, en su discurso del 2 de octubre de 1961 en el Real Monasterio de las Huelgas, había condicionado la participación de España en la integración europea a dos clases de factores: económicos (“que la economía española no padeciese perjuicios en sus sectores básicos”) y políticos (“que se salvaguarden la continuidad de las instituciones españolas”)

“El hecho transcendente de los movimientos de integración económica europea son tenidos en cuenta para nuestro desarrollo. Sin embargo, la integración de la economía española en una estructura internacional es meditada sin apresuramientos imprudentes y sin peligrosas improvisaciones… Las estructuras de integración económica europea tienen un fondo político que no conviene olvidar. España debe marchar al ritmo de Europa, pero tiene también que conservar sin intromisiones ni condicionamientos, su estabilidad política y su independencia nacional. Por ello cualquier posibilidad de integración ha de analizarse teniendo presente que la economía española no padezca perjuicios en ninguno de sus sectores básicos, y salvaguardando siempre la continuidad de las instituciones políticas a las que España debe su nivel de vida actual, su creciente crédito exterior y su firme posición exterior” (Franco 2.10.1961). (ib pg 115)

El catedrático Henri Brugmans, Rector del Colegio de Europa de Brujas, intelectual de gran prestigio en Holanda, alude al discurso de Franco del 2 de octubre en un artículo que la revista “Nieuw Europa”, órgano del Movimiento Europeo en Holanda, publicó en noviembre de 1961 ( ib. pg 115).

El Ministerio de Asuntos Exteriores se replanteó su postura europea... sondear mediante contactos diplomáticos la posibilidad de garantizar la premisa política ... proponer la creación de una comisión compuesta por españoles y representantes de la Comunidad para “desbrozar el camino que estudiara los problemas políticos y económicos de todo orden que sería necesario resolver caso de que la relación de España y la CEE fuera considerada oficialmente”.

Otro informe, redactado tan sólo un mes después del anterior, tratará de “en primer lugar precisar el contenido político del movimiento de integración, del que el Tratado de Roma, es el elemento básico, y en segundo analizar, o intentar analizar, las repercusiones que una eventual participación de España en el mismo podría tener para la continuidad de las instituciones políticas españolas48. Se estudiaba, por tanto, la premisa política planteada por el Jefe de Estado. El autor del informe, Román Oyarzun, reitera a lo largo del estudio la importancia del aspecto político de la integración europea...

AMAE, Roman Oyarzun: “Aspectos políticos-institucionales del Mercado Común: incidencia de los mismos en una eventual aproximación de España a la CEE”, 12-12- 1961, Leg.R-6415, Exp.26

“El Mercado Común es un instrumento que utiliza medios económicos para alcanzar finalidades de orden político. Pero esto que parece tan evidente, no ha sido comprendido con suficiente claridad y precisión en todos los medios responsables de la Administración española, ya que todavía algunos parecen entender unas eventuales negociaciones para la participación de España en el Mercado común como unas meras discusiones sobre rebajas arancelarias”. Esta es una clara referencia que refleja las diferencias que existen entre Exteriores y los Ministerios Técnicos a la hora de entender las relaciones con la CEE a la que nos hemos referido con anterioridad. Íbidem

Las principales conclusiones a las que llega el informe así lo confirman. Estas son las que siguen: en primer lugar, se descarta la posibilidad de que España postule una adhesión plena al Mercado Común y a sus consiguientes instituciones políticas. Se lo impedía el espíritu que había animado a los promotores del Tratado de Roma, aunque no específicamente sus estipulaciones jurídicas, y la eventual institucionalización de “la unión de los pueblos europeos” proyectada en el informe Fouchet que excluía a los países que no eran miembros del Consejo de Europa. En segundo lugar, debido a esta falta de afinidad política entre España y la CEE, se resuelve que el método más adecuado para la participación de nuestro país en el Mercado Común era el de asociación ya que este camino no presentaba ninguno [por el momento] de los anteriores inconvenientes y servirá de antesala, para que en su día, se consiga el objetivo último de la plena integración (ib pg 118).

Por último se afirma la oportunidad de solicitar la asociación en el momento actual (el informe se redacta el 3 de diciembre de 1961) debido a las excelentes relaciones que se mantienen con Francia en esos momentos y al beneficio que supone que los países de tendencias socialistas, como los escandinavos, no fueran aún miembros de pleno derecho del Mercado Común.

La elección de la asociación fue estudiada muy detenidamente por los funcionarios de Exteriores que investigaron concienzudamente las posibilidades que ofrecía el Tratado de Roma. Este tratado preveía tres posibilidades para que la CEE negociara con terceros países: el convenio comercial clásico, la asociación y la adhesión. Se estimó que el convenio comercial no respondía a los intereses de España porque de acuerdo con las reglas del GATT, al que España como los países de la CEE pertenecía, las ventajas que el marco de tal convenio concediera la Comunidad a España tendrían que ser inmediatamente extendidas a todos los demás miembros del GATT. La adhesión era una fórmula para la que sin duda no sólo la economía española no estaba preparada sino que exigía una homologación política que el gobierno español no estaba dispuesto a aceptar, por lo tanto sólo quedaba la posibilidad de la asociación. El Tratado de Roma define la asociación como “un acuerdo caracterizado por derechos y obligaciones recíprocas, acciones en común y procedimientos especiales”, terminología en la que cabían variadas soluciones en las que España podría buscar una fórmula adecuada a sus intereses50. La asociación por su flexibilidad y capacidad de acomodación parecía la opción más apta y más conveniente para las necesidades españolas. Un mes más tarde se seguía insistiendo en esta premisa, el momento era el oportuno. Ni siquiera la discusión en la Asamblea Parlamentaria del Informe Birkelbach, que contenía las orientaciones políticas a seguir por la CEE ante las solicitudes de asociación y de adhesión, las cuales podían llegar a constituir una importante dificultad para la solicitud española, desalentó a los funcionarios de Exteriores que siguieron recalcando el peligro de aislamiento que suponía la indefinición ante Europa e insistiendo en la premura con que debía realizarse la petición de asociación. A las ventajas de oportunidad se añadía ahora la observación de que no debía desperdiciarse el beneficio de que los gobiernos de Alemania, Francia y potencialmente Gran Bretaña estuvieran compuestos mayoritariamente por políticos conservadores en esos momentos52.

52 AMAE, Informe de F. Armijo y J. Elorza, 24-1- 1962 , Leg-R.6916, Exp.6

50 El Tratado de Roma establece las posibilidades de una asociación a la Comunidad en su artículo 238, que está concebido en los siguientes términos: “La Comunidad puede concluir con un tercer país, una unión de Estados o una Organización Internacional, acuerdos que creen una asociación caracterizada por derechos y obligaciones recíprocos, acciones en común y procedimientos particulares” “Estos acuerdos son incluidos por el Consejo, actuando unánimamente y después de haber consultado con la Asamblea” “Cuando estos acuerdos implican enmiendas al presente Tratado estas últimas deben ser adoptadas previamente según el procedimiento previsto en el artículo 236”.

51 En el “Informe sobre los aspectos políticos e institucionales de la adhesión o de la asociación” presentado en enero de 1962 al Parlamento Europeo por el relator socialista de la Comisión Política, Sr. Birkelbach, se hacían interesantes consideraciones sobre la asociación que en síntesis son las que siguen:

- El criterio general es el de que la adhesión al Mercado Común debe ser la regla general y la asociación podrá ser únicamente aceptada en caso de que los países, por distintas razones, no reúnan las condiciones exigidas para la adhesión, bien desde un punto de vista económico (un insuficiente desarrollo que rompería la homogeneidad del Grupo) bien de orden político (la neutralidad)

- Se entiende en general la asociación como una etapa hacia la adhesión. La unificación económica como un vestíbulo de la política - Geográficamente se estima necesario para el status de asociado la existencia de un lazo geográfico con Europa

- La asociación toma normalmente la fórmula de una unión aduanera o una zona de libre comercio dentro de lo previsto en el artículo XXIV del GATT.

La Dirección General de Organismos Internacionales realizó un informe exhaustivo sobre el contenido del Informe Birkelbach que puede consultarse en: AMAE, DGOI, Informe de 25-1-62, Leg.R-6658, Exp.13 .

La Dirección General de Organismos Internacionales [elevó] un informe, con fecha de 24 de enero, en el que se concluía “que ha llegado el momento de que el gobierno español adopte la decisión capital de solicitar, por vía diplomática, la apertura de negociaciones para una asociación de España a la Comunidad Económica Europea, al amparo del artículo 238 del Tratado de Roma”.

La solicitud de apertura de negociaciones con la CEE no se haría esperar mucho más. La decisión se adoptará en la reunión del 19 de enero de 1962 de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. El paso decisivo se daba el 9 de febrero de 1962 cuando el Ministro de Asuntos Exteriores Fernando María Castiella, dirige una carta al presidente del Consejo de la CEE, solicitando en nombre del gobierno español “una asociación susceptible de llegar en su día a la plena integración después de salvar las etapas indispensables para que la economía española pueda alinearse con las condiciones del Mercado Común”56

A falta de una doctrina oficial de la Comunidad sobre la asociación se fueron perfilando los contornos de esta modalidad a través de manifestaciones, declaraciones e informes que dieron como resultado una filosofía sobre la misma. En este sentido tuvieron gran trascendencia para el caso español el informe del socialista alemán Birkelbach, a favor de impedir la admisión plena a la CEE de países no homologables democráticamente, aunque no otro tipo de relaciones, y el Memorándum Saragat, que extendía también dicho impedimento en la fase de asociación.

El caso español planteaba serias dificultades para la Comunidad que debía dar una respuesta a una petición de un país europeo que pretendía, con el tiempo, llegar a ser miembro de pleno derecho de la Comunidad. En principio esta posibilidad encajaba con los criterios que sobre la asociación contemplaba el Tratado de Roma y también con la doctrina Birkelbach (aprobada tan sólo tres semanas antes de que España solicitase la asociación a la CEE), ya que esta última entendía que la fórmula asociativa podía ser utilizada como una etapa previa a la adhesión por aquellos países europeos que necesitaban una fase de transición para superar las especiales circunstancias que les impedían entrar directamente como miembros de pleno derecho, es decir, aquellos países a los que les faltaba alguna condición exigida para la adhesión. (Ib. pg. 458)

El gobierno socialista [belga] presidido por Henri Spaak no toleró nunca que la CEE se planteara negociar un vínculo estrecho, como era el asociativo, con un país europeo no democrático. La naturaleza y características del régimen franquista constituyeron el argumento principal de la oposición belga, y fue así porque Spaak sostuvo firmemente que la asociación debía conducir forzosamente a una total integración tanto económica como política, para la cual España se encontraba inhabilitada al no participar de la naturaleza democrática de los Seis. En este punto de vista sobre la asociación, el gobierno belga venía a coincidir con el italiano, como pondría de manifiesto la doctrina recogida en el Memorándum Saragat que, en coincidencia con la postura belga, sostenía que para los países europeos la forma asociativa no podía ser admitida más que a título temporal y como etapa intermedia para llegar a una plena adhesión. Según el punto de vista italiano, el hecho de que se tratara de una asociación en vistas y en función de la adhesión hacía necesario que el Estado solicitante reuniera las condiciones políticas indispensables para acceder a esta última; y, desde luego, España no las cumplía. (Ib. pgs. 465-466)

la conveniencia económica chocaba con dificultades de orden político. De hecho, cada vez que el tema español iba a ser objeto de tratamiento por parte de la Comunidad se suscitaba una fuerte oleada de protestas por parte de la izquierda europea. Sindicatos, socialistas y comunistas no cejaron en su empeño de imposibilitar la integración de España en el Mercado Común. Argumentaron reiteradamente ante la Comunidad que ésta no debía entablar diálogo alguno con un Régimen autoritario que no respetaba las libertades y los derechos individuales. Las autoridades comunitarias no podían hacer oídos sordos ante estas manifestaciones pero tampoco podían ignorar indefinidamente una respuesta a la solicitud española. El silencio de la Comunidad no podía durar eternamente. Todos los gobiernos comunitarios mantenían relaciones diplomáticas y económicas con España; negarle una contestación hubiera sido un contrasentido. El problema era qué contestar cómo encarrilar las discusiones. Sólo cuando los Seis alcanzaron el compromiso de que la finalidad del diálogo con España podía contemplar exclusivamente aspectos económicos pudieron iniciarse las conversaciones exploratorias.(Ib. pgs. 467-468)

El acuerdo a concluir entre ambas partes no podía ser el de asociación, debido a las dificultades políticas que ello conllevaba, pero tampoco podía ser el de un mero acuerdo comercial porque España lo rechazaba. La única solución pasaba por encontrar una fórmula intermedia que pudiera ser aceptada por ambas partes. Ésta se halló, después de numerosas discusiones, en un acuerdo preferencial. (Ib. pg. 468)

La lectura política de la inserción de España en la Europa comunitaria era nítida para la oposición interna y externa al Régimen. Así se explica que la izquierda europea desatara una campaña opuesta a las aspiraciones del gobierno franquista cada vez que en la Comunidad se debatía la candidatura española. Así mismo, la oposición interna, sobre todo tras la represión practicada a los participantes en el IV Congreso Europeo de Munich, se aglutinó alrededor de la idea democrática europea procurando que se negara al Régimen la convivencia en el proyecto comunitario. La oposición pretendía con ello poner en evidencia la ausencia de libertades en España y el distanciamiento político con la Europa Occidental. A su juicio, la inserción de España en la Comunidad no haría otra cosa que afianzar el Régimen perpetuando el sistema antidemocrático y privando con ello al pueblo español del establecimiento de un gobierno legítimo por más tiempo. En cambio, el discurso oficial que los diplomáticos españoles defendieron ante las cancillerías europeas sostenía que la inserción de España en Europa haría evolucionar políticamente al Régimen hacia formas representativas.

Pero lo más que conseguirá Franco es un Acuerdo Preferencial con la CEE.

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Antecedentes

El europeísmo será el vehículo de la transición y de la evolución-involución desde el régimen de Franco a la democracia liberal. El europeísmo será el vehículo para producir esa evolución-involución desde el interior del régimen de Franco y también desde la oposición al régimen de Franco.

"Europeísmo y progresismo fueron dos términos sinónimos y realmente entrelazados" (Álvarez de Miranda: Del "contubernio" al consenso, pág. 23. Planeta. Barcelona. 1985).

"La oposición... hace del europeísmo su banderín de enganche",
según Vidal Beneyto, que actúa como enlace de los políticos que actuaban en las organizaciones legales en el régimen de Franco con los exiliados. Y añade:
"La convergencia en un mismo futuro de las fuerzas históricamente democráticas del exilio y de los nuevos demócratas del interior -muchos procedentes del franquismo político o social-, avalada por los representantes de los grandes partidos europeos, representaba una alternativa al franquismo".

En el interior de España había en la época de Franco organizaciones europeístas legalizadas dentro del régimen de Franco. Y en el Movimiento Europeo había exiliados del bando republicano del Frente Popular. Ambos sectores europeístas, los del interior de la España de Franco y los del exilio, son "las dos medias naranjas" según los denomina Salvador de Madariaga.

Entre los europeístas del exilio figuran:

El Movimiento Europeo, originado en 1948 en el Congreso Europeo de La Haya, agrupa partidos, sindicatos y organizaciones privadas europeístas.

El Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, creado en 1949 en el seno del anterior, agrupa a los europeístas españoles del Movimiento Europeo en su inmensa mayor parte exiliados. Son partidos, sindicatos y organizaciones privadas europeístas de origen español. Lo preside Salvador de Madariaga exiliado del bando republicano de ideología liberal derechista. El secretario de este Consejo Federal Español del Movimiento Europeo es Enrique Adrhoer Gironella, dirigente durante la Guerra de España de 1936 del partido de ideología trotskista POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) y miembro del gobierno de la Generalitat durante la misma guerra.

Entre los europeístas del interior de España figuran:

El Instituto de Estudios Europeos con sede en distintas ciudades, entre ellas en Barcelona, donde también se funda el Comité español de la LECE (Liga Europea de Cooperación Económica).

La AECE (Asociación Española de Colaboración con Europa) creada en 1954 bajo los auspicios de la ACNDP (la Asociación Católica Nacional de Propagandistas de la que había surgido durante la República la CEDA, acaudillada por Gil Robles, y, después de la guerra, los demócratacristianos en sus dos ramas:
los colaboracionistas con el régimen de Franco
y los que se proclamaban disidentes después de haber apoyado a Franco; porque los nuevos eran directamente seguidores de estos y los tenían como jefes).
Surgió la AECE con ayuda del ministro Martín Artajo, antes presidente de la ACNDP. La AECE es uno de los núcleos europeístas del interior. Ellos dicen que su asociación "fue la promotora y defensora del europeísmo en España" (Álvarez, p. 21). E intentó "coordinar las actividades de todas las organizaciones europeístas españolas" (Álvarez, p. 26).
[Muy típico lo de pretender acaudillar a todos].

Gil Robles ya actuaba otra vez desde el interior de España, como cuando la guerra de 1936 en la que había apoyado a Franco y al Movimiento acaudillado por Franco. Después de la 2ª G M se había instalado en el extranjero para dirigir la política de don Juan tras el Manifiesto de Lausana de 1945. Y en 1948 había firmado el pacto de San Juan de Luz con Indalecio Prieto para colaborar en la sustitución de Franco (1948-1951).
Gil Robles ocupa la presidencia de la AECE desde el final del curso 1960-61.
Y ya antes, desde el curso 1959-1960, participaba en las actividades en España de la AECE pronunciando conferencias en Madrid.
"Por aquellas fechas ya existía una total coincidencia dentre la línea estructural del Movimiento Europeo y la que la mayoría de la junta deseaba para la AECE; es decir, una total apertura a las tendencias políticas europeístas, incluido por supuesto el socialismo" (Álvarez de Miranda: Del "contubernio" al consenso, pág. 29. Planeta. Barcelona. 1985).
Y en 1961, cuando Gil Robles se convierte en presidente de la AECE, en la junta de esa asociación ya figuran liberales y socialistas junto a los demócratacristianos (Ib. p. 29).
Gil Robles seguía figurando en el consejo de don Juan en 1962.

Surgen sobrados grupos europeístas:

"Incluso dentro del Movimiento Nacional [acaudillado por Franco] se desarrollan actividades favorables a la unificación europea", como el CEDI (Centro Europeo de Documentación e Información, creado en 1952 (Álvarez, p. 25). Dirigía el CEDI Alfredo Sánchez Bella, que será ministro en la época de los tecnócratas.

1958, entrada en el FMI, en el Banco Mundial;

y en la OECE, hoy OCDE, (aceptando que realice y publique su informe anual sobre España);

1959, viaje del presidente de USA Eisenhower a Madrid

1962, solicitud de "asociación susceptible de llegar, en su día, a la plena integración" en la CEE (hoy UE), pese a la doctrina Birckelbach:
El 15 de enero de 1962, el Parlamento Europeo aprueba el informe Birkelbach
en el que se fijan las condiciones políticas para el ingreso de cualquier país en la Comunidad Económica Europea: tener como régimen la democracia europeísta del parlamentarismo liberal y sus partidos.
El 9 de febrero de 1962, el gobierno de Franco solicita para España la "asociación susceptible de llegar,
en su día, a la plena integración" a la Comunidad Europea, hoy llamada Unión Europea. En el documento firmado por el ministro de Asuntos Exteriores, el también democristiano Castiella, se solicita "el establecimiento de una asociación susceptible de llegar, en su día, a la plena integración".

La presentación en 1962 por el gobierno de Franco de la solicitud de "asociación susceptible de llegar, en su día, a la plena integración" a la Comunidad Económica Europea, CEE, hoy UE, a sabiendas de que en dicha CEE estaba vigente ya en ese año la doctrina Birckelbach que exigía tener un régimen demoliberal de partidos políticos para la integración en ella como estado miembro,
señala que en 1962 comenzó la transición al régimen actual, para llegar a ello "en su día" que no fue en 1962/1975, sino que fue en 1978/1982. Así como la llegada a la plena integración en la futura UE no ocurrió en 1962/1975, sino en 1985/1986.

El Congreso de Munich de 1962 es el tercer intento de organizar, aprovechando los ámbitos europeístas, una reunión de partidarios de la democracia liberal procedentes de la España de Franco con los del exilio para elaborar y publicar un manifiesto en pro de la implantación en España de un sistema político similar al de los países de la Europa occidental, es decir, basado en la democracia europeísta, el parlamentarismo liberal y los partidos políticos.

El primer intento fue la convocatoria para el otoño de 1960 de la I Semana Europeísta de Mallorca preparada por la AECE como organización europeísta legalizada en el interior y el Movimiento Europeo. Tras conseguir los permisos gubernativos el 25 de agosto, fue suspendida por las sospechas de las autoridades sobre la vinculación con el Frente Popular de alguno de los organizadores.

El segundo intento fue un coloquio España-Europa preparado para junio de 1961 por la AECE, legal en España, y el Movimiento Europeo, para celebrarse en el hemiciclo de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Las mismas sospechas del gobierno de español trasladadas por éste algunos de los patrocinadores les motivaron a retirar su patrocinio y al presidente de dicha Asamblea Parlamentaria a anunciar que no sería cedido el hemiciclo.

Ese tercer intento tiene lugar finalmente, en el marco del IV Congreso internacional del Movimiento Europeo que tiene lugar en Munich el 7 y el 8 de junio de 1962.

Previamente a la reunión general, la sección española del Movimiento Europeo, denominada Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, reúne a 118 españoles partidarios de la democracia liberal, de los cuales 38 procedentes del exilio, y 80 de España, los días 5 y 6 de junio en el Hotel Regina Palace de dicha ciudad de Munich. Los españoles procedentes del interior, cuyo portavoz es José María Gil-Robles, se oponen a reunirse con los del exilio para discutir conjuntamente los términos de la resolución que ha de someterse al Congreso, por lo que se decide constituir dos comisiones y comenzar las deliberaciones por separado. Pero la cordialidad que pronto reina entre todos los asistentes contribuye a que muchos delegados participen indistintamente en una y otra comisión y a que en la reunión final todos estén presentes y aprueben por unanimidad la resolución.

Sin embargo para alcanzar dicho acuerdo era necesario superar las diferencias relativas a la libre elección del régimen político (monarquía o república) y a la forma de organización territorial del futuro estado democrático (unitario o federal). Sobre este segundo punto acaba encontrándose una formula genérica de compromiso (“reconocimiento de la personalidad de las distintas comunidades naturales”); pero sobre la primera resulta imposible conciliar las posiciones antagónicas entre quienes proponen un plebiscito para decidir la forma política del Estado y quienes consideran innegociable el reconocimiento previo de la monarquía. Lo que lleva a eludir toda decisión concreta y a dejar el tema abierto, recurriendo a la formulación genérica de: “instauración de instituciones auténticamente representativas y democráticas”. El 8 de junio de 1962, el Congreso del Movimiento Europeo, a pesar de las gestiones en contra del Marqués de Valdeiglesias, enviado especial del gobierno de Franco, discute y aprueba, por aclamación, la resolución aprobada que es la del Acuerdo político del Congreso de Munich de 1962:

"El Congreso del Movimiento Europeo, reunido en Munich los días 7 y 8 de junio de 1962, estima que la integración, ya en forma de adhesión, ya de asociación de todos los países de Europa, exige de cada uno de ellos instituciones democráticas, lo que significa en el caso de España, de acuerdo con la Convención Europea de Derechos del Hombre y de la Carta Social Europea, lo siguiente:
1.º La instauración de instituciones auténticamente representativas y democráticas que garanticen que el gobierno se basa en el consentimiento de los gobernados.
2.º La efectiva garantía de todos los derechos de la persona humana, en especial los de la libertad personal y de expresión, con supresión de la censura gubernativa.
3.º El reconocimiento de la personalidad de las distintas comunidades naturales.
4.º El ejercicio de las libertades sindicales sobre bases democráticas y de la defensa por los trabajadores de sus derechos fundamentales, entre otros medios por el de huelga.
5.º La posibilidad de organización de corrientes de opinión y de partidos políticos con el reconocimiento de los derechos de la oposición.
El Congreso tiene la fundada esperanza de que la evolución con arreglo a las anteriores bases permitirá la incorporación de España a Europa, de la que es un elemento esencial, y toma nota de que todos los delegados españoles presentes en el Congreso expresan su firme convencimiento de que la inmensa mayoría de los españoles desea que esa evolución se lleve a cabo de acuerdo con las normas de la prudencia política, con el ritmo más rápido que las circunstancias permitan, con sinceridad por parte de todos y con el compromiso de renunciar a toda violencia activa o pasiva antes, durante y después del proceso evolutivo."

Este acuerdo de Munich de 1962 es un intento más de reemplazar el régimen del general Franco en el poder, en este caso aprovechando el europeísmo y la doctrina Birckelbach. Y de sustituirlo por un sistema demócratico liberal europeísta.

Es un intento de la oposición moderada no comunista. Es lo máximo que hicieron. Cada vez fueron más inactivos a diferencia de los marxistas del Partido Comunista y de los de la ETA.

No consiguieron reemplazar al general Franco en el poder ni unos ni otros. Ni la oposición moderada no comunista, ni los marxistas del Partido Comunista, ni los de la ETA.

Tampoco conseguirán producir la democratización, ni la evolución, ni la transición a la democracia europeísta, enraizada en el laicismo.

Esto se producirá, pero realizado por los políticos del régimen de Franco y a partir del régimen de Franco. En la transición y evolución del régimen de Franco a través de sus etapas sucesivas y, eso sí, con el europeísmo como vehículo.

La transición iniciada en 1962 fue realizada por los políticos del régimen de Franco y a partir del régimen de Franco con el colaboracionismo de algunos sectores del clero dominado por los democristianos e infiltrado por algunos marxistas, que allí como en otros ámbitos practicaban a placer el submarinismo, lo que les llevó a esos eclesiásticos democristianos, etc., a configurarse como contrarios, no sólo al régimen de Franco, sino a la guerra de 1936 como Cruzada, a la Cristiandad y a la confesionalidad consecuente del Estado, que ya en el régimen de Franco era inconsecuente. Tras esta configuración exhibida desde 1971, estos eclesiásticos después se han quejado de que, consumado el cambio de régimen, se les ataque a ellos y no se les agradezca su colaboración.

https://www.dolcacatalunya.com/2014/03/cuando-franco-premiaba-libros-en-catalan/

Mensaje del Papa San Juan XXIII con motivo de la consagración de la basílica del Valle de los Caídos. 5 de junio de 1960

Presidentes de USA que viajan a España de 1959 a 2016

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Con la democratización de 1976-1978, tampoco accederá la CEE al ingreso de España. Habrán de pasar ocho años más. La firma del Acta de ingreso de España en la CEE la firmará Felipe González en 1985, para entrar en vigor y ser efectiva en 1986:

En 1986, ingresa España en la Comunidad Europea (hoy UE) en virtud del acuerdo firmado por González el año anterior.
Pero se hizo en muy malas condiciones para España por las concesiones que se hicieron,
tanto en lo referente a aceptar las restricciones que impusieron los otros países miembros a los sectores en los que tenía ventaja España,
como en lo referente al consentimiento del gobierno socialista a las ventajas a los otros miembros en los sectores en los que España estaba en inferioridad.
Todo por europeísmo fomentado aceleradamente desde que el gobierno de Franco había solicitado ya el ingreso en la Comunidad Europea en 1962. Todo en aras del
complejo de inferioridad typical spanish, compartido con la derecha europeísta española .

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España en la OTAN

El gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo (1981-1982) fue el que introdujo a España en la OTAN, a pesar de la oposición radical del PSOE y de su promesa y amenaza de sacar a España de la OTAN. No lo cumplió el PSOE cuando llegó al poder, ni todavía hasta la fecha.

Tras su llegada al poder, el PSOE fue retrasando la convocatoria del prometido referéndum para sacar a España de la OTAN, en la que la había metido Leopoldo Calvo Sotelo, el sucesor de Suárez..
("OTAN, de entrada no", había sido la propaganda de pancartas y pintadas). Sus dirigentes decían que había sido un error prometerlo.
Y no sólo no cumplieron su promesa-amenaza de sacar a España de la OTAN, sino que al final hicieron el referéndum, pero para pedir lo contrario de lo que habían prometido: pidieron el voto afirmativo a la permanencia de España como miembro de la OTAN.
Y consiguieron esa victoria con más del 52% de los votos. ("OTAN, de salida tampoco", se ironizaba ahora).

Después colaboró con las misiones de guerra de la OTAN, como la del bombardeo de Kosovo, misión ordenada por el socialista Solana, ocupando el cargo de Secretario General de la OTAN.

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Guerras de Irak

Además, se mantuvieron los acuerdos con los EEUU y las bases en España de utilización conjunta hispanonorteamericana, como en la época de Franco. En vez de cumplir la consigna repetida cuando estaban en la oposición, "OTAN no; bases fuera". Estas vinculaciones significaban mantener a España ligada a "Occidente", como en la época de Franco, y significaban la renuncia a la vinculación con el tercer mundo.

Presidentes de USA que viajan a España de 1959 a 2016

También metió el PSOE a España en la Primera Guerra de Irak en 1991 con el envío de unidades navales y de tropas con reclutas de la mili, el servicio militar obligatorio que el PSOE no suprimió. El ataque a Irak en esta primera guerra de 1991 había sido repudiado por el Papa, como lo fue el que se produjo en la Segunda Guerra de Irak en 2003, en la que el llamamiento del Papa fue desoído por Aznar, como el anterior por González.

El Gobierno de Aznar (1996-2004), al frente del PP, respaldó la acción del presidente estadounidense Bush II de meter a su país en la 2ª Guerra de Irak. Este respaldo se visualizó en la reunión de las Azores en la que participó Aznar junto a Bush II. Se dijo que Aznar saldría de allí promocionado a más altos destinos en el futuro. Pero el promocionado fue el tercer hombre de esa reunión, el anfitrión, el portugués Antonio Guterres, que fue posteriormente secretario general de la ONU.

Aznar realizó la entrada injustificada en la Segunda Guerra de Irak en 2003, desoyendo el llamamiento del Papa, como el PSOE metió a España en la Primera Guerra de Irak en 1991 desoyendo también el llamamiento del mismo Papa Juan Pablo II; como fracasó el sucesor Aznar al frente de su partido al no repudiar, antes de las elecciones del 14.03.2004, esa participación en la 2ª Guerra de Irak; ni todavía después, cuando el 18.03.2007 Aleix Vidal-Quadras repudió esa participación en la 2ª Guerra de Irak, ni cuando Jaime del Burgo dijo el 19.3.2007 que Aznar se equivocó al «avalar» la guerra de Irak

El 18.04.2004 Rodríguez Zapatero, al igual que Aznar, incumple la norma de utilización de la espada que se suele grabar como lema en su acero:
"NO ME SAQUES SIN RAZÓN, NI ME ENVAINES SIN HONOR".
Aznar apoyó en 2003 sin razón la II Guerra de Irak decidida por los que mandan en Bush II.
Y Rodríguez Zapatero ordenó el 18.04.2004 regresar de Irak a las tropas españolas, envainando así la espada
sin honor.
Acceder a lo que exigen los criminales es
premiarles y enseñar que con los crímenes se consiguen las cosas,
en lugar de enseñar que con el crimen sólo se consigue ir a la cárcel y ser un criminal.
Así
se incentiva que se produzcan más crímenes por parte de todos los que quieran exigir algo.
Rodríguez Zapatero lo aprenderá quizá cuando le exijan algo que no coincida con sus deseos.
Entenderá lo que le dijo Churchill a Chamberlain por ceder ante Hitler en 1938:
"Para evitar la guerra ha preferido el deshonor,
tiene pues el deshonor y tendrá también la guerra".

Después, Zapatero mantuvo tropas españolas en la guerra de Afganistán, en la del Líbano, en Kósovo, Haití ...

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